Febrero pinta como el peor mes para el turismo mexicano desde el confinamiento de marzo-mayo de 2020 y, además, es plena temporada alta de invierno para los principales destinos de sol y playa.
La reducción de las frecuencias aéreas, las pruebas de antígenos que exige el gobierno de Estados Unidos, la cancelación de vuelos con Canadá y Gran Bretaña, son un coctel amargo para el sector.
Otro tema complicado se está tejiendo en la parte que le toca al Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo comisionado es Francisco Garduño, político cercano al presidente López Obrador.
Hace días reportábamos que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Rogelio Jiménez Pons, ya no estaba recibiendo el Derecho de No Residente (DNR) pues no le alcanzaría ni para “tapar el hoyo de la muela” del Tren Maya.
El monto cobrado vía DNR cayó más de 50% en 2020 por la pandemia y de unos 300 millones de dólares, se fue a menos de 150.
80% de dicha cantidad, que originalmente era para el turismo, fue el que López Obrador comprometió para financiar el tren; pero en lugar de asignarle este año unos 120 millones de dólares, el monto subió a 36 mil millones de pesos o mil 800 millones de dólares de a 20 pesos.
Mientras al INM sí le está llegando el 20% que le toca del DNR y que posiblemente rondará los 600 millones de pesos.
Es cierto que además del DNRT (turístico), Migración cobra otros DNR, como el de trabajadores; mientras que su principal gasto, proviene del pago del sustento y transporte a inmigrantes indocumentados.
Estos bajaron de más de 120 mil al mes a unos 10 mil por el reforzamiento de las medidas coercitivas en la frontera sur, el Covid-19 y el miedo al gobierno de Donald Trump.
La llegada de Joe Biden al poder y su anuncio de que no seguirá la construcción del muro; generan la falsa percepción de que se flexibilizará la entrada de indocumentados.
Así es que en el corto plazo es posible que mientras el turismo internacional que deja divisas decaiga; los visitantes indocumentandos urgidos por razones económicas y humanitarias crezcan.
Divisadero
La sangre llama. En Cozumel la familia Joaquín es sinónimo de política; de allí han salido dos gobernadores, uno que fue dos veces Secretario de Estado; además de un presidente municipal.
Carmen Joaquín, prima o sobrina de los anteriores, es una empresaria exitosa y recientemente presidente de Coparmex Cozumel.
Su activismo en la pandemia ha sido tal, que Va por México, alianza PRI-PAN-PRD, le ofreció ser diputada federal plurinominal en el próximo proceso electoral.
Así es que Carmen la empresaria, podría acceder a la política por la puerta del Congreso de la Unión y, si eso pasa, hay que anotarla buscando la presidencia de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Posición que dejará Luis Alegre, quien decidió no reelegirse y dejarle su curul a uno de los “nada más” ocho mil morenistas que pretenden ser diputados federales este 2021.
