Este lunes la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, jugó una carta especialmente arriesgada para resolver los retos de esa entidad y ahora todo depende de que realmente se cumplan los acuerdos y se actúe con transparencia en lo que se refiere al uso de los fondos públicos.
Los principales empresarios y organizaciones empresariales turísticos de la entidad firmaron en la Universidad del Caribe el Acuerdo Solidario, que soporta un paquete fiscal que fue enviado al Congreso local y que incluye lo siguiente:
Un aumento de 3 a 5% en el impuesto al hospedaje, aumentar al 4% el impuesto a la Nómina, a 26 pesos el impuesto sanitario por noche y si a ello se suma el 16% de IVA, resulta que más o menos 22% de la tarifa hotelera irá al pago de obligaciones fiscales.
Lezama presentó un panorama complicado, con una deuda de corto plazo heredada por el gobierno anterior de Carlos Joaquín González de ocho mil millones de pesos; por lo que, ahora, es acusado de no haber mejorado las finanzas públicas respecto a cómo las dejó su antecesor, Roberto Borge.
Además, la mandataria presentó un panorama retador en el terreno de la seguridad, por lo que alertó sobre los riesgos que implicaría para la entidad y el turismo dejar que la problemática siga creciendo.
“Transparencia” fue la palabra clave para que empresarios como Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, consideraran que no obstante el aumento impositivo puede haber un mejor escenario para la actividad turística.
Aunque en el propuesta de Lezama sólo se contempla que la quinta parte de esos cinco puntos porcentuales del impuesto al hospedaje se vaya a la promoción turística, eso, con las cifras de ocupación actuales, representa entre 35 y 40 millones de dólares al año.
Una cantidad que no parece óptima en comparación con lo que invierten otros competidores turísticos del Caribe, pero sí que abre la posibilidad de que esos recursos se usen de forma transparente.
Aunque algún medio de Quintana Roo publicó que los empresarios habían doblegado al gobierno estatal en lo que se refiere a la promoción turística, en realidad en el Acuerdo no quedó establecido que los empresarios puedan auscultar dichos fondos.
Sin embargo, Almaguer dijo a este espacio que será un avance saber que estos recursos se aplicarán en campañas de promoción y para el manejo de crisis, ante eventualidad naturales como las que han surgido en los últimos años.
Por otro lado, consideró positivo que haya el compromiso de Lezama de aprovechar el resto de los recursos en otras actividades fundamentales como infraestructura, mejorar las condiciones de vida a los trabajadores, seguridad y programas sociales.
Quizá el único comentario crítico provino de Fernando Beristain, el presidente de los hoteleros de Cozumel, quien, como vocero del recientemente formado Consejo Hotelero del Caribe, dijo que la problemática actual se debe a las malas decisiones que tomaron los gobiernos pasados porque los empresarios siempre han apoyado en los hechos a los destinos y a los trabajadores.
Javier Aranda, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), no estuvo presente en la firma del Acuerdo, pues como compartió con este espacio su papel debe ser el de un técnico que tiene como encomienda incrementar el número de turistas que llegan al estado, utilizando de la mejor manera las herramientas y los recursos que le sean asignados a ese organismo.
