Hace casi dos décadas, Rodolfo Elizondo, como secretario de Turismo de Vicente Fox, y John McCarthy, como director genera del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tuvieron que interrumpir sus vacaciones de diciembre para evitar un “golazo” legislativo.
Algún diputado por allí se puso creativo y quiso meterle la “tijera” al presupuesto para los Centros Integralmente Planeados (CIP), es decir Cancún, Los Cabos, Loreto, Huatulco e Ixtapa Zihuatanejo.
En aquel momento los hoteleros, sobre todo de Cancún, pusieron el grito en el cielo, pues quitarles esos fondos hubiera significado que perderían esos servicios de excelencia que no tenían ni tienen el resto de los municipios del país.
Tal asimetría se explicaba debido a lo que el turismo le aporta a la nación, en término de empleos directos e indirectos; recaudación de impuestos federales y generación de inversiones y riqueza.
En un país como Estados Unidos, más o menos todos los condados tienen sus planes de desarrollo de infraestructura y los servicios se van modificando partiendo de un trabajo de plenación.
Dejar a los principales destinos mexicanos sin jardinería, tratamiento de agua de potable y alumbrado público es condenarlos a que cuenten con servicios públicos que, para decirlo rápido, no serían competitivos contra otros destinos en la Unión Americana y varias islas del Caribe.
Sin embargo, Cancún ya no es ese destino que previó Fonatur en su Plan Maestro y ahora en Quintana Roo hay un trabuco turístico con más de 130 mil cuartos; en donde los desarrollos más opulentos se encuentran dentro de grandes predios privados como Mayakoba.
Bajo cualquier perspectiva retirarle sin consenso y negociación política los servicios de Fonatur a un destino como Cancún, provocarían un problema que iría en detrimento de la competitividad no sólo del destino sino del turismo mexicano en su conjunto.
Pero si desde el tiempo de Fox ha estado sobre la mesa la posibilidad de generar ahorros públicos quitándoles sus canonjías, la amenaza parecería más real en un gobierno federal de izquierda, como el actual, que además no ha mostrado particular interés por el turismo.
Más que la amenaza de Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, de que ese organismo abandonaría Cancún si las autoridades municipales siguen apoyando la violación de las densidades de cuartos como pretenden Ríu y Grand Island, el verdadero riesgo se encuentra en la Secretaría de Hacienda.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 se mantienen los recursos para el mantenimiento de los CIP; pero es importante que dichos destinos aceleren sus planes para encontrar nuevas fórmulas para la atención de los servicios públicos y áreas comunes de los mismos.
Empresas que han alcanzado su madurez económica, destinos que cuentan con una importante infraestructura y conectividad están en mejores condiciones de resolver sus propias necesidades de servicios públicos, si la transición se hace de la manera correcta.
El grave riesgo es que no haya un buen trabajo de planeación y el cambio provenga de un exabrupto, porque pondría en riesgo la fuente de empleo de miles de personas y todo un polo de desarrollo fundamental para el sureste de México.
