Recursos privados para la seguridad turística

 
Carlos Velázquez
hrs.

En la fórmula de solución de los problemas de inseguridad en Quintana Roo, está haciendo falta una pieza y es la participación del sector privado con recursos económicos.

El homicidio de una turista de la India y otro de Alemania la semana pasada en Tulum, fue la primera “explosión” de esa “bomba de tiempo” que describía Francisco Madrid, director del Cicotur de la Anáhuac, el viernes pasado en esta columna.

La población del estado tiene la percepción de que el crimen organizado y la violencia están ganando la partida en la entidad; nos obstante que el gobierno está haciendo esfuerzos como la puesta en marcha del centro de inteligencia C5, la firma del convenio con la federación para incluir en el registro poblacional a los inmigrantes y el reforzamiento de los elementos de seguridad en los destintos turísticos.

Mariana Orea, directora de la revista Oveja Negra que lleva el pulso social en Quintana Roo, me escribió para poner en duda los avances del gobierno estatal y me dijo: “Vivo aquí desde

hace 30 años; nunca tuve miedo, hoy sí y no soy la única gente de arraigo que se quiere ir”.

Lo ocurrido el miércoles cuando dos grupos de narcomenudistas se atacaron mutuamente con armas de fuego, en medio de los cuales quedaron los turistas asesinados, ya derivó en una alerta de viaje del gobierno alemán.

Si el delito hubiera ocurrido en Cancún, habría afectado un nombre que es más conocido en el mundo que México.

En 2017 Los Cabos padeció una crisis de seguridad y cuando los empresarios y el gobierno estatal se acercaron a las autoridades federales, la Secretaría de Marina ofreció hacerse cargo pero pidió que esas mismas compañías invirtieran en un cuartel y un centro de inteligencia.

De manera práctica los principales grupos hoteleros en la plaza, es decir Questro, Pueblo Bonito, Olarena y Sol Mar, hicieron los primeros desembolsos y los resultados permitieron que ese destino se recuperara para ser uno de los más seguros del país.

El proceso no ha terminado y ya hay 24 grupos que han hecho aportaciones para seguir reforzando la seguridad de Los Cabos; ahora también hay desarrolladores inmobiliarios, despachos y hoteles de todos los tamaños.

Las aportaciones indivuales han ido desde los 700 mil hasta los 50 mil dólares y parte del éxito es consecuencia de que se han

usado los fondos con transparencia y que los empresarios tienen acceso a la información.

Pero hay algunos que se resisten y allí están los casos de las organizaciones que presiden José y Roberto Chapur que son dueños en Los Cabos de Le Blanc y Hard Rock Hotel, respectivamente.

Ellos dos hicieron su fortuna en Quintana Roo donde cada uno tiene miles de cuartos de diferentes marcas y también han sido los primeros en oponerse a apoyar una iniciativia similar en el sureste, donde además de recursos tienen liderazgo.

En Los Cabos prevaleció el interés de cuidar el destino y esta alianza para la seguridad ha prevalecido con los nuevos gobernante de Morena; a los empresarios de allá no les gusta que los hermanos Chapur se beneficien también de la seguridad sin poner su parte, pero han actuado con visión y han beneficado no sólo a sus negocios sino a la comunidad.

Los empresarios de Quintana Roo se han unido en las catástrofes naturales y es tiempo de hagan lo mismo para “desactivar” esta “bomba de tiempo”.

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Periodista apasionado de los viajes y de entender y comunicar cómo funciona la industria del turismo.

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