El presidente López Obrador no es tonto, pero cuando minimiza el impacto de la degradación a la autoridad aeronáutica mexicana impuesta por el gobierno estadounidense también pone en riesgo uno de sus legados: El aeropuerto de Santa Lucía.
El asunto se podría resolver este año, aunque para ello hace falta que abra el presupuesto público para subsanar el problema; algo que sólo ha hecho con sus programas sociales y sus apuestas por los combustibles fósiles.
La Cámara Nacional de la Industria de Aerotransporte, que preside Luis Noriega, resumió así las implicaciones de esta medida:
“A pesar de los enormes esfuerzos realizados por la industria para superar los graves efectos de la crisis del Covid-19, las consecuencias de la degradación son graves e implican un impacto adicional que afectará severamente la recuperación de las aerolíneas nacionales y al comercio entre ambos países”.
De nada sirven las recriminaciones debido a que, como dice con humor Rosario Avilés, directora de A21.com, la Agencia Federal de Aviación Civil llegó tarde al examen y luego imploró para que no lo mandaran a “extraordinario”.
Ahora de lo que se trata es de subsanar en el menor tiempo posible los pendientes, lo que tendrá un costo económico importante que en esta ocasión no será pagado por las aerolíneas inmersas en una de sus peores crisis.
Es cierto que el gobierno anterior ya le había restringido presupuesto a la aviación, pero en lo que va de la administración ha habido ajustes de más de 30%.
Para salir del problema hay que invertir en equipo informático, sistemas de supervisión aérea, en personal y capacitación y todo ello le toca la Secretaría de Hacienda.
En el pasado las aerolíneas han donado a la SCT computadoras, equipos y han pagado cursos; pero eso no sucedía cuando “amarraban a los perros con longanizas y no se la comían”, sino cuando el virus del Covid-19 no había desbaratado todos su planes comerciales.
Al presidente le gusta pedirles aportaciones para diferentes causas a los proveedores del gobierno, por ejemplo en el Tren Maya, y muchos le han dado la vuelta para evitar hacerlo, pero hoy los números de las aerolíneas están en rojo.
Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), declaró que el asunto debe ser tratado como un problema de Estado, que debe ser resuelto para no afectar a la nación en su conjunto.
Quizá con el nuevo andamiaje de medición de indicadores intangibles como la “felicidad”, que prepara el gobierno, dejar de crecer, encarecer el transporte aéreo de bienes y personas y perder más empleos no sea grave.
Pero si se debilita más la aviación mexicana, pasará lo mismo con el Aeropuerto de Santa Lucía y ni aerolíneas como Volaris y Viva encontrarán razones de rentabilidad para usarlo.
Como estrategia de comunicación, López Obrador puede seguir diciendo que la degradación no es grave y que Estados Unidos es imperialista; pero si no autoriza los fondos para revertirla estará impactando a la aviación mexicana, a la economía, al turismo… Y también su legado como presidente de México.
