Si el presidente López Obrador no se tentó el corazón para cancelar los fideicomisos públicos, no es de llamar la atención que algunos empresarios del turismo ya estén conversando sobre lo que sucedería si se le retiraran los recursos a los Centros Integralmente Planeados (CIP).
Se trata de algunos de los principales destinos de sol y playa en México, como Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ixtapa y Loreto; que desde su fundación han recibido un subsidio para su mantenimiento.
Con esos recursos que forman parte del presupuesto anual del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo titular es Rogelio Jiménez Pons, se pagan servicios fundamentales.
Entre ellos las luminarias, la jardinería, las plantas de tratamiento de agua y la pavimentación.
La lógica de este modelo es que los impuestos que cobran los municipios donde se encuentran los CIP, no alcanzan para realizar esta actividad; pero como el turismo genera importantes impuestos federales entonces una manera de compensarlos es con estos servicios.
El presidente López Obrador, sin embargo, ha probado ejercer un populismo con características muy peculiares; pues si bien ha tomado decisiones económicas muy malas, ha evitado sobre endeudarse y también ha respetado la autonomía del Banco de México cuyo principal mandato es combatir la inflación.
En realidad, el aumento de la deuda pública ha provenido fundamentalmente de la devaluación del peso frente a las divisas duras, lo que ha incrementado la carga de la deuda en pesos.
También ha generado desconfianza entre los inversionistas debido a medidas como la cancelación del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o por no respetar los acuerdos energéticos con diversas corporaciones.
Es en este contexto que el propio Jiménez Pons, quien es el funcionario más poderoso del gabinete federal en los temas relacionados con el turismo, ya ha comenzado a platicar con algunos empresarios y funcionarios públicos sobre lo que podría hacer con los CIP.
En uno de los momentos más críticos para el sector de los viajes, no parece viable la creación de un nuevo impuesto; que además estuviera etiquetado para pagar los servicios mencionados.
Sin embargo, Fonatur tiene en los CIP algunas propiedades y actividades económicas concesionadas, que podrían generar recursos para evitar el escenario de que se pudieran descuidar las áreas públicas.
Un caso es la propia Marina de Los Cabos, que está en manos de diversos particulares en condiciones muy ventajosas para ellos.
También hay otros casos en Quintana Roo, en donde incluso ha habido una buena disposición de empresarios importantes para buscar fórmulas que mantengan la calidad de los servicios.
El peor escenario es que uno de estos años, sin decir ni agua va, el presidente López Obrador anunciara el retiro de Fonatur de los CIP, antes de contar con un plan que evitara una afectación indeseable a los destinos en un momento tan delicado.
Por lo pronto en el Presupuesto de Egresos de este año todavía se contemplan estos recursos para Fonatur, pero al sexenio le restan cuatro años.
