Nadie le puede quitar la razón al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando Alejandro Varela, su director jurídico y de facto número dos de la institución que dirige Rogelio Jiménez Pons, señala que se retirarían de Cancún si persisten los proyectos que violan las reglas de densidad del destino.
Se trata de un argumento serio, pues no hay razones para autorizar proyectos que seguirán dañando los mantos freáticos, orillando a más trabajadores a viajar dos horas para llegar a sus puestos de trabajo y generando más exigencias de recursos federales.
Además Fonatur cuenta con un “as bajo la manga” y, sin su anuencia, parecería una locura que los grupos de inversionistas persistan en su afán por llevar adelante sus proyectos; pues en el más optimista de los casos, les podría generar retrasos muy onerosos para entrar en operación.
Hay dos proyectos hoteleros que generan preocupación en ese sentido, el primero es el Riu de Punta Nizuc que pretende abrir 500 cuartos, cuando la propiedad de dos hectáreas permitiría muchos menos.
Recientemente dos magistradas, Selina Haidé Juárez y Graciela Bonilla González, fueron acusadas por actos de corrupción por la senadora Marybel Villegas, luego de que autorizaron el reinicio de las obras.
Hasta hora no ha sucedido y Carmen Ríu, presidenta de la cadena del mismo apellido, se reunió con Jiménez Pons en sus oficinas de la CDMX y están negociando un acuerdo que busca evitarle un daño patrimonial a la compañía española, que a su vez no debería seguir adelante con sus planes en Cancún violando las reglas de densificación.
Pero así como ha habido una disposición al diálogo por parte de Ríu, el mismo está cerrado en el proyecto Grand Island de tres mil habitaciones, que encabeza Elías Sacal y que podría tener un grave efecto contaminante en la Laguna Nichupté.
Varela sostiene que ninguno de los dos proyectos irán adelante, pues esta institución tiene la potestad para conectar a los hoteles con su sistema de tratamiento de agua potable y también tiene una opinión calificada para el suministro de energía eléctrica.
Dos servicios a los que no tendrían acceso.
Desde 2019 Fonatur inició conversaciones con las autoridades estatales de Quintana Roo, con las municipales y con los empresarios de Cancún para establecer una nueva relación en el principal Centro Integralmente Planeado (CIP) creado por el Fondo.
Será el próximo año cuando se tomarán las decisiones y Jiménez Pons tiene agendada una reunión con Rogelio Ramírez de la O, actual Secretario de Hacienda, para revisar la situación financiera y fiscal de los CIP.
Divisadero
Galimatías. Dice Jorge Hernández, amigo despechado de Miguel Torruco, que Viajes Premier, fundado por él, ganó con talento y bajos precios un contrato de casi seis millones de pesos para operar el programa “Sonrisas por tu ciudad”, en contra de los planes del funcionario.
Si le sumamos los casi cuatro millones de pesos que gastó Torruco en su gira a Los Ángeles, en donde no pudo o quiso convocar a los tomadores de decisiones para la emisión de viajeros desde California, habrá que concluir que tiene un criterio dudoso o nula capacidad de maniobra, para operar con sus poquísimos “fierros”.
Para acabarla de amolar, está generando sospechas sobre lo que está haciendo con su insignificante presupuesto.
