Antes de tomar posesión como gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro le dio una entrevista a Ana Bárbara Ruelas, conductora del noticiero matutino de Cabo Mil, en Los Cabos, y allí anunció que en 2022 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dejaría la Administración Portuaria Integral (API) de ese destino, que asumiría la Secretaría de Marina (Semar).
Fue el presidente López Obrador (AMLO) quien decidió que esta última dependencia se encargara de las API, aunque las de Los Cabos y Huatulco tienen características especiales debido a su vocación turística.
Entonces ha sido una sorpresa que Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, haya logrado negociar con el titular de Semar, Rafael Ojeda Durán, para conservar la conducción de las API de Los Cabos y Huatulco durante 25 años más.
Ojeda Durán ha dado muestras de que sabe rectificar no sólo por este caso, sino tras ofrecer una disculpa al Poder Judicial por haberlo calificado en su conjunto como “el enemigo en casa”.
Jiménez Pons llevó como argumentos a la negociación no sólo el hecho de la importancia turística que tienen ambas API; sino que para operarlas hace falta una estructura humana y experiencia con las que cuenta el Fondo.
Además sería un golpe para sus lastimadas finanzas en la parte que corresponde a los Centros Integralmente Planeados (CIP); porque en la otra tiene al Tren Maya.
En total 54 funcionarios de Fonatur trabajan para las dos API, cinco en oficinas centrales, 32 en Cabo San Lucas y 17 en Huatulco.
La de San Lucas tuvo ingresos por 73 millones de pesos en 2019, que cayeron a 51 por la pandemia en 2020 y la de Huatulco 13 y 10 millones en los años respectivos.
Además ambas API están licitando obras por un total de 200 millones de pesos, para trabajos de mantenimiento mayor, iluminación y sistemas de vigilancia.
Divisadero
Telenovela. No dejaría de ser un “culebrón”, aburrido por cierto, en el que ha derivado la pelea por la presidencia de Concanaco-Servitur; de no ser por algunas consideraciones que de concretarse seguirían cavando las tumbas en que han caído la mayoría de las dirigencias empresariales.
En una esquina del ring están el presidente saliente José Manuel López Campos y su candidato Héctor Tejada, quienes están involucrados en diversos señalamientos por el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el periodo 2014-2016.
El documento revela falta de comprobación de recursos y gastos injustificados; sin olvidar que la presidencia de López Campos se negó a entregar información sobre los años subsecuentes.
En la otra esquina está Juan Carlos Pérez Góngora quien se ostenta como nuevo presidente tras una votación con 44 votos de presidentes de cámaras a su favor.
Este último hizo una campaña rudísima exhibiendo los supuestos malos manejos de López Campos y sus huestes, lo que de alguna manera refrenda la ASF por lo menos hasta 2016 cuando era presidente Enrique Solana y López Campos su tesorero.
Se espera que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, reconozca al nuevo presidente evaluando con imparcialidad los hechos. Sin embargo genera preocupación que termine apoyando a Tejada, pupilo de López Campos, quien ha estado totalmente alineado al gobierno de la 4T que no es precisamente tolerante a la crítica empresarial.
