Desde hace semanas circulaba una carta entre los dirigentes empresariales de Los Cabos y el autor era Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo (Fiturca), en el que pedía su apoyo para resolver lo que ya se estaba convirtiendo en un problema financiero.
Fiturca, un organismo ejemplar por su transparencia y los resultados que ha conseguido, ya tenía adeudos por 120 millones de pesos incluyendo cuentas pendientes con Agencias de Viajes por Internet (OTA), magnetos tecnológicos y pequeños proveedores de la plaza que viven al día.
La semana pasada la deuda ya aumentó a 130 millones de pesos y la situación se está volviendo crítica, pues literalmente ya no hay en caja ni los 350 mil pesos que se necesitan para pagar los salarios de la próxima quincena.
Esta situación ocurre cuando faltan unas semanas para que ocurra el cambio de gobierno en el que Carlos Mendoza, gobernador panista, le entregará el poder al morenista Víctor Castro el 10 de septiembre.
Fiturca es modelo de la promoción turística en México, porque ha recibido históricamente la totalidad de los recursos provenientes del impuesto al hospedaje para realizar un trabajo que hoy, además, ha sido fundamental para la recuperación turística del destino en el contexto de la pandemia.
El que estos recursos estuvieran “etiquetados” para la promoción, no significa que técnicamente el gobierno del estado no pueda usarlos para otros fines y precisamente había un reconocimiento del sector turismo hacia el mismo porque nunca había sucedido.
Pero desde hace años, Mendoza había manifestado que la contraparte del éxito turístico era que estaba creciendo la demanda de servicios públicos, como salud y educación; aunque sólo la Federación captaba más impuestos.
Fue así que hace cuatro años propuso un “aprovechamiento” de 350 pesos que se le cobraría a todos los turistas internacionales, pero el proyecto fue rechazado por la iniciativa privada.
Los hoteleros se ampararon, las aerolíneas dijeron que técnicamente no se le podía “engrapar” a los boletos un impuesto estatal y finalmente quedó como un aprovechamiento voluntario, que generó ingresos mínimos.
Pero lo que detonó el actual problema de caja para el Fiturca, fue una caída de 800 millones de pesos en la recaudación estatal en 2020 debido a la pandemia del Covid-19.
El menor crecimiento de las recaudaciones impactó en una baja de 700 millones de pesos en las participaciones federales de este año y, además, el gobierno tuvo que saldar créditos contratados por 600 millones de pesos.
El último factor que dejó sin opciones al gobierno estatal es que las reglas de disciplina fiscal vigentes impiden que los gobiernos estatales consigan financiamientos en los últimos tres meses de su periodo constitucional.
Así es que Fiturca no podrá cumplir sus compromisos financieros de aquí al 15 de septiembre en que entra la nueva administración, cuyas decisiones son inciertas.
Lo que es un problema de liquidez se podría solucionar si el nuevo gobierno pidiera una línea de crédito y luego buscara el apoyo del congreso local, que controla Morena, para echar a andar de nuevo el proyecto del aprovechamiento.
Pero también puede llevar a que el gobierno tome otras decisiones respecto al Fiturca, lo que pone en riesgo un modelo que ha sido valioso para el principal destino de Baja California Sur.
