La situación que hoy está viviendo el Fondo de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), cuyo titular es Rodrigo Esponda, luego de que el actual gobierno de Baja California Sur decidió ya no entregarle los recursos del impuesto al hospedaje tiene varios ángulos interesantes para el análisis.
Del momento en que se creó dicho impuesto, en la década de los ochenta del siglo pasado, han ocurrido muchas historias desafortunadas en relación en el mismo.
Desde gobernadores que lo utilizaron como caja chica para los fines más disparatados, hasta otros que de plano se los llevaron a la bolsa como sucedió con Roberto Borge, el impresentable ex gobernador de Quintana Roo.
Aunque la gran mayoría de los mandatarios locales han hecho uso discrecional del mismo, en función de qué tanto les importe el turismo y las necesidades económicas concretas que vayan surgiendo.
Un ejemplo lo tuvimos el año pasado con la pandemia, pues Claudia Sheinbaum la Jefa de Gobierno de la capital, sencillamente le quitó casi todos los recursos al Fondo Mixto y los invirtió en camas para enfermos de Covid-19.
Desde una perspectiva política esto último es totalmente aceptable y también ha sucedido en numerosos destinos extranjeros y en varios países.
Allí están por ejemplo el caso de Colorado y más recientemente el de Florida.
El problema es el enorme costo que tienen dichas decisiones y nada más en Colorado se hizo después un estudio, que demostró que el costo había sido muchas veces mayor debido a los empleos que se perdieron, los que ya no se generaron y los propios impuestos adicionales que se dejaron de percibir.
El turismo es una maquinaria muy grande, que para decirlo rápido genera uno de cada 10 puestos de trabajo en el mundo.
Por ello la solución técnica correcta es “etiquetar” esos recursos, blindarlos, para que ninguna decisión política los pueda afectar.
Carlos Mendoza, el gobernador de BCS, nunca se imaginó que él terminaría siendo el primer gobernador de esa entidad que iba a romper con el acuerdo de invertir todos los recursos del impuesto al hospedaje en el turismo.
Una “medalla” que seguramente no será de las más vistosas que porte, cuando termine su trabajo como gobernador el próximo 10 de septiembre.
Pero la otra opción era dejar de pagar sueldos en el sector salud o no atender el brote de la nueva cepa del Covid-19 y esas opciones las rechazó por completo.
Si los recursos hubieran estado realmente blindados, no habría podido utilizarlos ni tomar ninguna decisión que los afectara.
Este escenario tan deseable desde la perspectiva del turismo, se ve francamente remoto en el contexto de los gobiernos de Morena que no se han caracterizado por privilegiar la lógica económica sobre la social, aunque al final terminan por afectar el nivel de vida de los mexicanos.
Un aprovechamiento para inversión en servicios públicos es interesante, pues cobrarle 20 dólares a cada turistas extranjero que llegue a BCS parecería inocuo para su competitividad.
Como ha dicho Mendoza en tono de broma, el impacto en el bolsillo de los turistas sería similar al de la primera cerveza que se toman.
Aunque para ello habría que esperar que el próximo gobierno de Víctor Castro, visualice el costo que tendrá para el destino cada dólar que se deje de invertir en promoción turística.
Seguramente en las primeras semanas de su gobierno, quedará claro lo que realmente hará al respecto.
