“No preguntes lo que no quieres saber” sentencia una frase de Las Mil y Una Noches, perfectamente aplicable a la iniciativa del Partido Verde para reformar el artículo 43 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteleros de Tulum y uno de los dirigentes más sensatos del turismo en Quintana Roo, ha dicho que “sería devastador para el empleo de los mexicanos”.
Lo que sucede es que dicha iniciativa pretende transparentar cada uno de los servicios y componentes que integran la tarifa de los hoteles “todo incluido”.
Así es que mientras el presidente López Obrador sigue aplicado en desaparecer los organismos autónomos cuyo propósito es transparentar el uso de los recursos públicos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); sus aliados del Verde pretenden abrir los detalles de una decisión que le corresponde a los empresarios.
Algo así como “hágase la voluntad de dios, en los bueyes de mi compadre”.
Hay que entender, primero, que los “todo incluido” son una tendencia al alza en el mundo del hospedaje a nivel mundial.
Este concepto ha estado presente en diferentes segmentos del turismo desde hace mucho tiempo, pues de lo que se trata es de empaquetar un conjunto de productos y servicios, para obtener una ganancia y ofrecer algo de mayor valor para el consumidor.
Con el tiempo los turistas han descubierto que vacacionar así les permite tener más claridad para hacer un presupuesto, les evita preocuparse de cuánto gastarán en sus vacaciones y, bajo ciertas condiciones, incluso pueden obtener un ahorro.
El Verde quiere hacer esto porque esos hoteles pagan una cantidad que les parece baja por concepto del impuesto al hospedaje; pero no consideran que “empaquetando” los productos y servicios es como se obtienen esos precios, pues unos subsidian a los otros.
Pero si explícitamente le pones un porcentaje a cada uno de los componentes, entonces el modelo pierde sentido.
Hay otras maneras de resolver el tema del impuesto; por ejemplo con una cuota gravable en función de la inversión por llave, algo que también tendría sus complicaciones pero serían menores a ejecutar la reforma legal como está prevista.
Si avanza vendrá será una discusión a nivel del poder judicial, cuando hubiera sido mucho más fácil desde el principio dialogar con los empresarios para buscar fórmulas adecuadas para todos.
Aunque el turismo en esta administración no está en el foco de sus tareas.
Divisadero
TUA. Precisamente el incremento previsto para la Tarifa de Uso Aeroportuario en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es otra muestra del poco interés por dialogar con la iniciativa privada.
Realmente es increíble qué se apliquen los actuales niveles de tarifas por un servicio extraordinariamente deficiente y ya es de locura que ahora busquen aumentarlo más.
Los viajeros tienen que padecer un aeropuerto con baños malolientes, retrasos en la distribución de las maletas, goteras, hundimientos, pistas dañadas y todo lo que sabemos porque el gobierno federal insiste en que la solución ya está dada y es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Algo que el mercado sencillamente no acepta.
Parecería ser que uno de los propósitos de este gobierno en materia de turismo, consiste en probar hasta dónde están dispuestos los viajeros a aguantar para seguir acudiendo a la Ciudad de México por la vía aérea
