En la oficina de Airbnb en México, que dirige Ángel Terral, no pasó por alto que en el discurso que pronunció la semana pasa Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, ante dirigentes hoteleros, haya dicho que estaban preparando una Norma Oficial Mexicana (NOM), para regular a las plataformas de hospedaje.
Apenas en octubre del 2022 Terral fue elogiado por Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, porque la plataforma está facilitando el arribo de los nómadas digitales, que generan una derrama equivalente al 15% del turismo total.
Sin embargo, poco después la “corcholata” favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó distancia de Airbnb porque los hoteleros se quejaron acusando a Airbnb de que incurre en una competencia ilícita pues sus arrendadores no pagan impuestos.
La situación se complicó cuando tres turistas estadounidenses murieron en Cuajimalpa en una casa rentada por Airbnb, debido a una intoxicación con monóxido de carbono por una fuga de los tanques de gas que estaban dentro del inmueble.
Así es que la relación de Airbnb con los gobiernos federal y capitalino se fue, por decirlo así, “del cielo al suelo”.
Una visión moderna de entender el modelo de Airbnb y compañía es como un complemento de otras formas de hospedaje que también le genera beneficios a los destinos.
En Los Cabos, por ejemplo, ya se sabe que 13% de los viajeros llegan a inmuebles promovidos a través de las plataformas.
A diferencia de los “todo incluido”, estos viajeros consumen en todas las opciones que ofrece el destino, desde los supermercados hasta los restaurantes.
Además atrae marcademente a los jóvenes, a quienes ni les importa que les limpien los cuarto o les tiendan las camas todos los días.
Eso de que no pagan impuestos tampoco es cierto, por ejemplo un propietario de un condominio en ese destino por una reservación por la que le correspondían 428 dólares, el sistema le retuvo por IVA y otros impuestos, un total de 89 dólares, es decir el 20% en números redondos.
Pero además es un modelo de hospedaje que satisface a un segmento del mercado, cuyas razones no necesariamente son económicas.
Hace días en una plática privada, un empresario turístico que es dueño de hoteles y otros negocios me decía que uno de sus hijos sólo se hospedaba en casas Airbnb porque viajaba con familias de amigos que convivían y se podía beber vinos deliciosos comprados en las tiendas sin pagarle el doble o el triple al hotel.
Así es que una NOM hecha con prisas y sin cuidado, puede ser otro artefacto explosivo como el reconocimiento apresurado que le hizo Sheinbaum a la plataforma.
Es importante tomar en cuenta que Sectur apenas está dando los primeros pasos en un proceso que incluye consultar a todas las partes, para establecer después unas reglas que deben ser sancionadas por la Secretaría de Economía.
Cuando Sectur sí tenía colaboradores, producir una NOM implicaba invertir un año o más; lo que significa que prácticamente ya no hay tiempo para sacar un documento sólido que no sea impugnado en el próximo gobierno.
Una NOM justa debe analizar con cuidado las muchas aristas que tiene esta nueva forma de hospedaje, que igual puede ser una pantalla de un negocio que busca eludir la legislación hotelera o una alternativa para completar los ingresos que necesita una familia para vivir.
