Antes de que iniciara la Semana Santa, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, tomó una motoconformadora y tiró una caseta de vigilancia y una alambrada propiedad de Grupo Vidanta.
El argumento del mandatario fue que ese y otros grupos empresariales habían cerrado lo que se conoce como el Camino Costero, un área por la que durante muchos años han transitado los habitantes del destino para llegar a la playa.
El asunto tiene muchas aristas, pues algunos de los grupos empresariales más importantes del destino cuentan con desarrollos o planes de desarrollo en esa zona que se conoce como Cabo del Este, el nuevo polo de desarrollo de Los Cabos.
Pero es un hecho también que en el pasado invirtieron para la construcción de una autopista que garantizara la circulación de los pobladores por una zona distante a la playa y que además cuentan con los títulos de propiedad que amparan esos terrenos.
Además del ya mencionado, Grupo Damiana y el Consejo de Coordinador Empresarial de Los Cabos criticaron mediante desplegados y declaraciones la acción del gobernador que atenta contra la propiedad privada.
Por su parte Christian Agúndez, presidente municipal de Los Cabos, y como Castro, otro político relevante que milita en las filas de Morena salió a defender públicamente a los empresarios y a criticar al gobernador.
Este hecho sorpresivo no lo es tanto pues resulta que Agúndez aspira a suceder a Castro y que en el año que lleva al frente del municipio, ha construido una buena relación con los inversionistas.
Los conocedores de la política sudcalifornianaven en este hecho el inicio de una confrontación por el poder, ya que el alfil de Castro para sucederlo es Milena Quiroga Romero, la presidenta municipal de La Paz.
Esta última también está moviendo sus fichas, pues acaba de abrir una oficina para promoverturísticamente a La Paz en Los Cabos, lo que para muchos es en realidad una oficina de campaña.
El asunto no ha explotado, pero hay muchos intereses y jugadores relevantes involucrados;se sabe por ejemplo que los grupos afectadospor la motoconformadora del gobernador llevaron a dos notarios quienes dieron fe pública el hecho que está grabado con drones.
Hasta ahora no ha trascendido como un argumento de preocupación para no invertir en Los Cabos, pero es una historia que es necesario seguir documentando y observando pues de ninguna manera se ha dicho la última palabra.
Divisadero
Navieras. Las negociaciones entre Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo de México y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés) que preside Michelle Page siguen sin llegar a buen puerto.
La discusión está centrada en los plazos con que se implementará el cobro del Derecho Marítimo y que irá paulatinamente de los cinco a los 21 dólares.
Page envió una nueva carta en donde señala que en las últimas seis semanas ya se han anunciado 55 cancelaciones de escalas de cruceros de esa asociación a puertos mexicano, por lo que el Caribe Mexicano ha perdido 230 mil pasajeros.
Si no les dan a las navieras los plazos que piden, sostiene que tampoco tendrían incentivos para apoyar el Plan México con medidas como promover la venta de artesanías o impulsar los destinos mexicanos.
Ayer hubo una nueva charla telefónica, pero el asunto sigue trabado.
