Alberto Villada Camerino, presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Los Cabos, está haciendo un sondeo para saber cuántos proyectos inmobiliarios se encuentran detenidos por la falta de permisos ambientales.
La preocupación crece en un destino donde la demanda, sobre todo de inversionistas estadounidenses, por adquirir propiedades inmobiliarias se ha disparado a partir de la pandemia del Covid 19.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular es María Luisa Albores, desde administraciones pasadas es un “cuello de botella” para el turismo, sobre todo debido a la falta de recursos.
Una situación que afecta a gran cantidad de proyectos, incluido el Tren Maya como resultó evidente la semana pasada cuando renunciaron a la Semarnat los directores de Impacto Ambiental, Juan Manuel Torres Burgos; de Calidad del Aire y Registro de Emisiones, Adolfo Cimadevilla Cervera, y de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Ricardo Ortiz Conde.
Una respuesta a las presiones para que liberaran las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que requiere el proyecto presidencial, siendo que no estaban en contra del mismo, sino que les faltaban recursos para realizar su tarea.
Si eso ocurre con un proyecto clave del presidente López Obrador, es fácil imaginar la situación por la que atraviesa el delegado de la Semarnat en Baja California Sur (BCS), Jesús Echavarría, a quien los expedientes para desahogar las MIA se le siguen acumulando.
Luis Araiza, ex secretario de Turismo, Economía y Medio Ambiente, relataba cuando era funcionario que a Daniela Quinto Padilla, antecesora de Echavarría, la tuvo que apoyar con vehículos y otros activos para que Semarnat hiciera su tarea.
Ahora la Subsecretaría Estatal de Medio Ambiente fue regresada por el gobernador Víctor Castro a la Secretaría de Obras Públicas, lo que seguramente ha reducido también la sensibilidad que existía para impulsar las inversiones turísticas.
Sin una razón de fondo, pues las limitaciones materiales se podrían cubrir incluso con recursos de los propios interesados, hoy en BCS los nuevos desarrollos se están atorando por falta de las MIA y allí no hay un Tren Maya que acelere la toma de decisiones.
Divisadero
Otra mala decisión. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no se está tentando el corazón para poner en riesgo uno de los atractivos turísticos más importantes del Puerto de Veracruz.
Se trata del Acuario de Veracruz, sustentado en un fideicomiso que este martes extinguió el mandatario, apoyándose también en un supuesto manejo inadecuado de los procedimientos ambientales.
El acuario lo impulsó Dante Delgado cuando fue gobernador en 1992 y desde entonces el presidente del fideicomiso era Baltasar Pazos, dueño de una cadena de estaciones de radio en el estado y hermano del escritor Luis Pazos.
El director era Luis Casuga hermano de Carlos Casuga, el empresario que fundó Yakult.
Tan sólo en 2021 los ingresos de este fueron superiores a los 100 millones de pesos, no obstante, las limitaciones impuestas por la pandemia; además la política era reinvertir la totalidad de las ganancias en el mejoramiento del propio acuario.
Basta sumar dos más dos para entender que siendo Delgado adversario del régimen con su partido Movimiento Ciudadano, esta decisión no sólo es un golpe para su grupo sino el camino para apropiarse de los ingresos nada despreciables del acuario. No hay que ser un genio tampoco, para anticipar que el futuro para el mismo no pinta nada bien.
