Está siendo una sorpresa que, en los últimos 10 días, Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, haya desatorado la negociación con las navieras sobre el Derecho Marítimo (DM) que se impondrá a los cruceristas que desembarquen en los puertos mexicanos.
Apenas el cinco de marzo, Michel Page, la directora general de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), manifestó a esta columna su frustración pues el gobierno había cerrado el diálogo sobre este tema.
Pero en la segunda quincena de marzo esa comunicación se volvió fluida y ambas partes, el gobierno mexicano y la FCCA, están a punto de alcanzar un acuerdo sin precedente.
Aquí en Veranda referí que en el pasado la Secretaría de Turismo nunca antes había logrado llevar a cabo negociaciones efectivas sobre asunto fiscales, teniendo la Secretaría de Hacienda la última palabra y con criterios que no reconocían la importancia del turismo.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum, empoderó para este asunto a Sectur que está a punto de alcanzar un acuerdo con la FCCA.
En un oficio con fecha dos de abrirl, dirigido a Page; Harry Sommer, presidente de Norwegian; Jason Liberty, de Royal Caribean y Josh Weinstein, de Carnival, Rodríguez dijoque el gobierno mexicano está dispuesto a reducir la tarifa por crucerista de 21 dólares aplicando el siguiente calendario progresivo:
Sectur señala que, a cambio de esta muestra de buena voluntad para respaldar a los cruceros, solicita lo siguiente:
Las navieras están enviando su contrapropuesta, que busca ampliar más los plazos de aplicación de las diferentes tarifas para llegar a los 21 USD hasta enero de 2029.
La decisión final probablemente se alcanzará en esta primera quincena de abril y será la primera vez que el gobierno federal aplicará un derecho a las navieras.
Por cierto, en el último párrafo de su oficio, Rodríguez señala que en caso de no contar con el apoyo de las compañías de cruceros en los aspectos mencionados se mantendrá el cobro de 21 USD contemplado para entrar en vigor el primero de julio de 2025.
En el futuro se verá si este derecho de verdad provoca que los puertos mexicanos pierdan competitividad turística y también será interesante observar cómo se les da seguimiento a todas las demandas del sector para apoyar las cadenas de valor mexicanas.
Pero hasta ahora parece un cambio que modificará la relación histórica entre las navieras turísticas y el gobierno mexicano.
