Prácticamente al cinco para las 12, los empresarios turísticos de México han estado muy activos haciendo cabildeo en el Senado de la República, por dos asuntos que les está generando gran preocupación.
El primero de ellos es la posibilidad de que se apruebe en fast track, como dicen en Estados Unidos, una nueva Ley de Casinos que como está redactada en la actualidad, no toma en cuenta las particularidades del turismo.
Concretamente la norma busca darle orden al negocio de los juegos con apuesta, pero no hay una reflexión seria sobre las implicaciones que podrían tener este tipo de negocios para los destinos turísticos.
Específicamente hay que pensar en un hotel con casino, que de pronto pudiera comenzar a operar en Cancún, Riviera Maya, Los Cabos o cualquier otro de los destinos relevantes de sol y playa, sin que se haga una revisión de los modelos de negocio vigente.
Prácticamente todos los hoteles en esas plazas tienen un esquema en donde los ingresos principales vienen derivados de la renta de los cuartos de hotel.
Después está todo el asunto de los alimentos, las bebidas, las tiendas dentro de los inmuebles, etcétera.
El problema de que pudiera abrir allí un hotel con casino, es que estos centros de juego tienen la capacidad de subsidiar a los otros componentes incluyendo la tarifa o el precio de la comida.
Así es que un “monstruo” de miles de cuartos realmente podría generar distorsiones relevantes en los mercados si no se hace correctamente.
Los grandes resorts con casinos, incluso, podrían darle vida a una zona económicamente deprimida, pero sería grave que entraran a los destinos que hoy ya son exitosos.
El otro tema que los tiene inquietos es una Reforma a la Ley de Protección al Consumidor, también cocinándose en el Senado, que le impone reglas a los tiempos compartidos que literalmente pueden golpear a este nicho.
Además de que responsabiliza a las agencias de viajes de fallas en los servicios, no obstante que sean los prestadores directos de los mismos los que incurran en ellas.
De hecho **Enrique Solana**, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servitur), estuvo en la Cámara de Senadores, donde presentó un análisis sobre este tema.
Desde su perspectiva, genera algo muy grave, que es la falta de certeza jurídica e incluso deja en una situación de indefensión a varios de los prestadores de servicios turísticos que representan dicha organización.
También anticipa que tanto las autoridades como los consumidores podrían incurrir en abusos en contra de las empresas, derivados de la aplicación de esta ley.
Ciertamente nadie puede estar en contra de que existan normas que protejan a los consumidores, pero exagerar las reglas puede llevar a situaciones como cierre de empresas y pérdida de empleos.
Solana, incluso, declaró que le estarían dando facultades excesivas a la Procuraduría Federal del Consumidor, para determinar a su criterio la aplicación del procedimiento de ejecución para el cobro de las multas. Algo que, incluso, podría alentar la corrupción.
