A los empresarios de Baja California Sur en general, y de Los Cabos en particular, les suena un “grillo en la oreja”: La iniciativa de reforma al artículo 18 de la Ley de Hacienda, que puede marcar el inicio de un cambio indeseable en los fideicomisos de promoción turística de esa entidad.
De prosperar esta propuesta, el Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca), que dirige Rodrigo Esponda, dejaría de recibir en números redondos 130 de los 400 millones de pesos que le corresponderían este año; sin importar que sea un organismo ejemplar en México debido a sus buenos resultados y a su transparencia.
En su campaña para gobernador, el morenista Víctor Castro dijo que no desaparecería los fideicomisos de promoción turística y hasta reconoció que el de Los Cabos, por mucho el más grande, había mostrado orden en sus cuentas.
En estricto sentido Castro no ha faltado a su palabra; pero genera suspicacias que la iniciativa sea impulsada por cuatro diputados del Partido del Trabajo, entre quienes destaca Christian Agúndez Gómez.
No sólo porque es hijo del ex gobernador Narciso Agúndez, sino uno de los políticos más poderosos del estado sin ignorar que su padre es asesor cercanísimo del gobernador Castro.
Christian Agúndez ya había ordenado una auditoria al Fiturca, en donde no hubo hallazgos indeseables precisamente por su transparencia.
La iniciativa no critica al Fiturca sino que detalla las necesidades sociales de la entidad y propone que 57% de los recursos del impuesto del 3% al hospedaje se queden en el Fiturca; 33% vayan a infraestructura social; 8% a la promoción del estado a través del Fideicomiso de Turismo Estatal y 2% sean para gastos administrativos.
Antes de la pandemia, Fiturca tenía un presupuesto de 300 millones en números redondos para promoción y este año, debido a los grandes resultados de recuperación del turismo, el estimado es de que el impuesto al hospedaje le generará 400 millones.
Pero de prosperar la iniciativa, ya sólo le tocarían 270 millones de pesos, dependiendo del momento en fuera aprobada la iniciativa y del inicio de su vigencia.
Baja California Sur es el segundo estado del país donde existen menos casos de pobreza extrema, de hecho la iniciativa habla de 12 mil 583 personas en esa condición que en términos absolutos es un número muy pequeño.
Los empresarios de Los Cabos han comprometido aportaciones por alrededor de 150 millones de pesos, para apoyar a la Secretaría de Marina en el reforzamiento de la seguridad.
Sin duda también apoyarían a mejorar las condiciones de la población, pero lo que no ven los diputados del PT es que la promoción es el motor que genera esa riqueza de donde debe partir la solución a los rezagos sociales.
Esos 130 millones de pesos no resolverán los problemas de infraestuctura o de vulnerabilidad económica de parte de la población, pero sí restringirá la apertura de nuevas rutas aéreas, las alianzas con touroperadores y las campañas en las grandes plataformas de promoción digital.
Baja California Sur ya está jugando sin los más de 500 millones de pesos que directa o indirectamente recibía del Consejo de Promoción Turística para impulsar sus destinos.
De prosperar esta iniciativa, seguramente se ralentizaría el crecimiento turístico como ya le ha pasado a Vallarta luego de que el gobierno de Jalisco le quitó dinero a la promoción turística.
