La situación que vive el transporte turístico de Los Cabos no tiene precedente en los destinos mexicanos, pues una historia de éxito pretende ser sepultada por intereses particulares y, además, de otro destino.
Ayer mismo Juan Carlos del Río dejó de ser, por este problema, el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV) de Los Cabos, debido a que sus acciones resultaron inaceptables para otros líderes de dicha organización.
La historia comenzó hace años, cuando los taxistas obligaron a turistas a bajarse de varias camionetas transportadoras privadas, argumentando competencia desleal.
El gremio de los taxistas, en donde participan directa o indirectamente políticos locales, es poderoso en Los Cabos y se opuso a que las transportadoras privadas pudieran ser contratadas a la última hora.
La Secretaría de Turismo federal (Sectur) creó, el sexenio pasado, un registro en donde hubiera constancia de que se habían contratado los servicios con anticipación.
El modelo ha funcionado bien y el año pasado la Sectur y el gobierno de Baja California Sur invirtieron unos 800 mil pesos en una nueva versión del registro electrónico, con más aplicaciones y un software difícil de ser alterado.
Ahora incluye la opción de las transportadoras de lujo o VIP, que funcionan con reglas distintas a las transportadoras convencionales y a los taxis.
Todo marchaba bien, hasta que surgieron hace meses algunos problemas entre taxistas y transportadores privados en Cancún-Riviera Maya, y un funcionario de la Sectur planteó la posibilidad de abrir un registro similar al de Los Cabos.
A partir de entonces ha habido un ataque de AMAV Cancún contra el registro de Los Cabos, no porque esté mal sino porque hay transportadoras que buscan demostrar que no sirve antes de que sea exportado a Quintana Roo.
La AMAV nacional ha dicho que nuevamente los taxistas están presionando a las transportadoras, cuando en ese destino incluso hay un comité de transporte que revisa los problemas periódicamente.
Los directores y propietarios de los hoteles comienzan a ponerse nerviosos, pues si a raíz de este problema se vulnera el registro, ciertamente el destino regresaría a los conflictos entre taxistas y transportadoras.
Divisadero
F1. Al hacer cuentas, hay a quienes les comienza a disgustar el dato de que el regreso de la Fórmula 1 implicará una inversión del gobierno de 40 millones de dólares anuales durante un lustro.
La clave es detallar cuánto de ese dinero provendrá de pautas que, de todas formas, contratará el Consejo de Promoción Turística, si habrá fondos de Presidencia, cuánto vendrá de cooperativos con la Ciudad de México y cómo es que el retorno para el país será de 190 millones de dólares al año.
Abrir el proyecto de promoción más importante que ha impulsado el gobierno federal, le daría solidez ante la opinión pública.
