A finales de 2014 Roberta Lajous, nombrada un año antes embajadora de México en España, pidió le organizaran un encuentro con los hoteleros de Palma de Mallorca de donde provienen las grandes inversiones turísticas de ese país en México.
Si Óscar Espinosa, como secretario de Turismo de Ernesto Zedillo, fue el promotor del desembarco de los capitales españoles en el Caribe mexicano; la diplomática quería tener “bien planchada” la visita a México que preparaban para 2015 los reyes españoles Felipe VI y Letizia.
Así es que Lajous voló a las islas Baleares y allí se encontró con una airada Carmen Riu, presidenta de la cadena de hoteles del mismo apellido y en donde participa a mitades la touroperadora alemana TUI.
La razón eran los impedimentos con que se estaba encontrando su empresa para iniciar las obras del proyecto, que hoy conocemos como Riviera Cancún en Punta Nizuc.
Lajous le dijo que era importante la sustentabilidad y cuidar el medio ambiente; por lo que el gobierno mexicano respaldaría su inversión, pero sin olvidar los recursos naturales.
Riu, una señora de negocios elegante y distinguida, palabras más o menos argumentó que su empresa estaba cumpliendo con todos los requisitos que le exigía la normatividad.
Pero también añadió que si dicho marco legal, modificado por los gobiernos estatal y municipal, le permitían iniciar una obra que bajo otras perspectivas no era sustentable eso no era problema suyo.
Si deciden detener este proyecto, reflexionó, entonces habría que considerar que en México no hay certeza jurídica para las inversiones extranjeras.
Así inició una historia que se ha convertido en un problema legal, entre RIU y Grupo Brisas como propietario del hotel Nizuc y del que este lunes se escribió un nuevo capítulo.
El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional de las obras de ejecución del Hotel Riviera Cancún, a partir del juicio 1234/2017 que fue promovido por esta última compañía.
Seguramente Riu prepara una queja; pero hoy, con base en la Ley de Amparo, se suspendió provisionalmente la obra debido al cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Mientras Gerardo Mora, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), manifestó que Ríu no tiene una licencia en trámite para que sea dotado de este recurso.
Y que si además pretende obtener agua potable mediante la desalinización, tampoco hay un permiso en marcha no obstante que se trata de un proceso delicado, pues habría que inyectar la mitad del líquido al subsuelo.
La primera vez que un funcionario de la actual administración estatal, hace referencia a la necesidad de coordinarse con el municipio de Benito Juárez que otorgó el permiso de inicio de obras.
Así es que Carmen Riu tiene toda la razón cuando dice que ella cumplió con las reglas publicadas.
Lo que no apuntó es que detrás de las mismas hubo una improbable ineptitud y más seguramente sendos actos de corrupción de los gobiernos estatal de Roberto Borge y municipal de Paul Carrillo.
