Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur (BCS), envió el viernes por la tarde al Congreso de su estado una iniciativa de Ley de Movilidad, que busca reemplazar el caduco marco jurídico que se promulgó hace 25 años.
Decisión relevante para el turismo, pues será la vía para cambiar prácticas obsoletas que, específicamente en Los Cabos, contrastan con lo que un viajero debe encontrar en un destino de clase mundial y el número uno en el mercado de lujo de México.
En caso de que dicha ley sea aprobada, los taxistas dejarán de tener privilegios injustificados que los distinguen prácticamente del resto de los destinos turísticos del país.
También permitirá la entrada de las plataformas digitales como Uber, que si bien anunció hace algunas semanas el inicio de operaciones en Los Cabos; en realidad lo está haciendo de manera muy irregular.
Estos dos serán los aspectos más polémicos, que probablemente generarán una respuesta airada por parte de los concesionarios de esos taxis quienes, apoyados por algunos factores reales de poder en el estado, siguen operando como lo hacían hace un cuarto de siglo.
Los turistas que van a Los Cabos siguen sin entender por qué si necesitan un taxi, deben utilizar unas camionetas viejas, que contaminan y con tres filas de asientos aunque los pasajeros sólo sean uno o dos.
Además de que son obligados a pagar tarifas estratosféricas, por supuesto sin parquímetro y en un destino donde frecuentemente hay que tomar la carretera transpeninsular para disfrutar de los atractivos que hay entre San José y San Lucas.
El último conflicto relacionado con el transporte se suscitó en el gobierno pasado, cuando los taxistas impidieron a las transportadoras privadas que recogieran y dejaran pasajeros si no se hacían reservaciones anticipadas.
La ley incluye muchos aspectos más para que, como dijo el gobernador Mendoza en un video, la movilidad sea incluido dentro de la lista de los derechos humanos.
Acabar con los monopolios, desregular el mercado de transporte, ofrecer en el futuro un servicio amable y de calidad, facilitar las opciones de movilidad para las personas con capacidades especiales son algunos de los propósitos de esa ley.
La gran pregunta es cómo responderán los diputados de Morena, que hoy tienen la mayoría en el Congreso de BCS, dado que el gobernador es panista.
Por supuesto la ciudadanía se beneficiaría con este cambio al contar con más opciones de transporte, el turismo también y hasta se abrirían oportunidades de empleo.
El problema es que detrás de las concesiones de taxis, que por cierto no se revocarían sino que se extinguirían paulatinamente de acuerdo a los plazos previstos, están políticos que hoy están vinculados con el partido que domina en el legislativo.
Sería alentador que dichos legisladores analizaran la iniciativa, la enriquecieran y dieran el paso histórico para modernizar el transporte en ese estado con vocación turística.
Los habitantes y los viajeros ya no deben seguir padeciendo un transporte público que no está a la altura para que el turismo de BCS se siga desarrollando y creciendo.
