Marina Loreto, otro proyecto que termina en un litigio

 
Alonso Gordoa
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Empresarios que han tratado de hacer negocios en Loreto, en Baja California Sur, dicen que el más rentable es crear una Organización No Gubernamental (ONG) y tomar la bandera del ambientalismo.

Y es que allí diversos grupos han impedido propuestas de desarrollo, a través de posiciones radicales que rechazan la convivencia del crecimiento económico con el cuidado de los recursos naturales.

Las historias de litigio también se multiplican y, para muestra, hoy mismo está en marcha una historia que tiene como protagonista el proyecto Marina Loreto, de Enrique Salcedo, que está en Puerto Escondido.

Si una de las vocaciones de Loreto es el turismo náutico, el lugar para desarrollar esta actividad es Puerto Escondido a unos 25 kilómetros al sur de la población.

Una marina natural, que desde el siglo XVIII sirvió como puerto de abrigo para las embarcaciones.

Allí en diciembre de 2003, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando **John McCarthy** era director general, celebró un contrato de cesión parcial de derechos con la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), sobre una superficie de 1.3 kilómetros cuadrados.

Fue hasta 2010, cuando **Miguel Gómez Mont** ya era el director general de Fonatur, abrió una licitación pública por la Marina de Puerto Escondido, por un valor mínimo de 67 millones de pesos que se declaró desierta.

Fonatur había invertido en un edificio y varias posiciones de atraque, que serían el centro de operaciones de la llamada Escalera Náutica del Mar de Cortés.

Hoy ese inmueble se encuentra subutilizado, las posiciones de atraque son ocupadas por una compañía de yates para pesca deportiva y en lo que deberían de ser espacios comerciales para los dueños de embarcaciones hoy operan algunos negocios poco rentables.

El año pasado, cuando **Enrique Carrillo** era el titular de Fonatur, la Inmobiliaria Jep, de Salcedo, presentó una carta de compra sobre un lote adjunto en el que habría una marina y un desarrollo inmobiliario.

Mientras la APIBCS celebró un contrato parcial de derechos con Jep sobre la superficie de la marina conocida como la Elipse, que técnicamente le daba el control a esta empresa sobre la totalidad del espacio.

Por las implicaciones de este acto el último día de la administración de Felipe Calderón, el 30 de noviembre de 2012, el propio Fonatur interpuso una demanda ante un juez del DF, para solicitar la nulidad del contrato.

**Héctor Gómez Barraza**, el actual director, ha seguido el juicio ante otras instancias, pues de lo contrario Jep controlaría un espacio que requiere mayores inversiones.

El resultado neto es que el desarrollo turístico y náutico de Puerto Escondido vuelve a ser un tema de abogados y no de nuevas inversiones.

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