Como un conejo que sale del sombrero de un mago de pueblo, o una iguana como las que hay tantas en Quintana Roo; el Congreso local aprobó el 13 de diciembre una medida sumamente polémica.
La XVI legislatura de esa entidad decidió exentar a las personas, físicas o morales, que realicen en ese estado nuevas inversiones en casinos superiores a los 40 millones de pesos.
El giro concreto que apoya este aliciente fiscal es el de “juegos y concursos en la modalidad de casinos”, ubicados en las zonas turísticas de la entidad y que acrediten que al menos 50% de sus clientes sean extranjeros y no residentes de Quintana Roo.
El asunto pasó desapercibido, pero después de las fiestas, las comilonas y los brindis; prácticamente todos los empresarios relevantes pusieron el “grito en el cielo” y sus organizaciones firmaron un desplegado que destaca los riesgos de esta decisión.
Para decirlo en pocas palabras, los inversionistas y actores principales de la actividad económica de la entidad, señalan que el horno no está para bollos; pues si el tema de la inseguridad sigue siendo un reto, esto es casi como encender un fósforo junto a un bidón de gasolina.
En la actualidad ya hay 11 casinos operando en Quintana Roo: Cinco en Cancún; cinco en Playa del Carmen y uno en Cozumel.
No necesariamente estos negocios están asociados con aspectos ilegales, pero en el desplegado que firmaron 28 organizaciones empresariales, incluyendo al Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo; Canirac, Canadevi, Inverotel, Acotur y muchas más queda de manifiesto que los casinos pueden alentar delitos conexos al crimen organizado.
Entre ellos narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, reforzamiento de los cárteles y además problemas sociales, como la ludopatía y la desintegración familiar.
Políticos como José Luis Toledo, localmente llamado “Chanito”, diputado por Movimiento Ciudadano, responsabilizó a José de la Peña, coordinador de la bancada del Partido Verde, por haber modificado a espaldas de todos la Ley de Ingresos, para beneficiar negocios particulares o cumplir con compromisos de campaña.
Si esto fue así, la inclusión del artículo séptimo transitorio llegaría hasta el propio Jorge Emilio González, la “mano que mece la cuna” en esa organización política; a través de una maniobra muy sofisticada.
Resulta que hubo 18 votos de Morena y aliados a favor; uno en contra y cinco ausentes, pues los legisladores “verdes” se retiraron a la hora del sufragio.
Además de la oposición de los empresarios, algunos políticos importantes de Morena, como Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados Federal, han reconocido que detrás hubo una “maniobra obscura” que es importante corregir.
De hecho los Consejos Coordinadores Empresariales de Cancún, Riviera Maya, Chetumal y Cozumel le están enviando a María Cristina Torres, presidente de la Comisión Permanente de la XVI Legislatura, una carta exigiendo que se convoque a una sesión extraordinaria para derogar este artículo transitorio.
Vamos a ver si el “conejo” regresa a la chistera o si los “magos de pueblo” se salen con la suya.
