El miedo al cambio es una reacción paralizante y común entre las personas; que se refleja en diversas actividades económicas, como el turismo.
Problemática presente en los problemas de movilidad, como se le llama a lo que involucra al dereche de los viajeros para elegir libremente cómo transportarse dentro de un destino.
Una historia ilustrativa la comparte Xenia Lerma, abogada que fue contratada por la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV), que preside Jorge Hernández, para tratar de resolver los temas de transporte terrestre en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta.
A diferencia de lo que dicen sus apelativos en Puerto Vallarta, el original, hay una actitud más moderna sobre el tema del transporte a los turistas; mientras que “Nuevo” Vallarta privan las prácticas corporativistas.
En términos muy esquemáticos, este conflicto parte del hecho de que los aeropuertos mexicanos, sin importar de qué entidad del país se trate, están asentados en zonas federales.
Así es que los vehículos con placas federales son los que pueden dejar y recibir pasajeros en ellos y esto da origen a múltiples interpretaciones que han derivado en complicados problemas.
Uno de los más famosos ocurrió hace siete años en Los Cabos, cuando los taxistas no permitieron dejar o recoger pasajeros a las transportadoras privadas que están vinculadas a las agencias de viajes.
Resultaron inolvidables, además de muy penosas, aquellas imágenes de los viajeros arrastrando sus equipajes porque no dejaron a las transportadoras llegar hasta el aeropuerto de San José.
En algunos casos, los turistas incluso llegaron a pensar que serían secuestrados.
En Puerto Vallarta, en donde se encuentra el aeropuerto que comunica a toda la zona, las autoridades estatal y municipal han apoyado la movilidad y actualmente conviven los taxistas, las transportadoras y también están autorizadas las plataformas como Uber.
Pero en Nuevo Vallarta el problema sigue siendo complejo y no se permite el Uber, además de que siguen los conflictos entre transportadoras privadas y taxistas.
Un problema en donde el gobernador Antonio Echevarría ha optado por el camino fácil de no atenderlo.
Recientemente en el estado de Quintana Roo se aprobó una Ley de Movilidad que pretender ser de avanzada en México, pues auspicia la convivencia de todos los modelos transporte.
Cuando el Congreso del estado la aprobó, hubo algún intento por parte de los taxistas para oponerse a ella; pero el gobierno de Carlos Joaquín González operó adecuadamente y el problema no creció.
De entonces para acá ha habido algunos conflictos con el transporte público en destinos como Cozumel, en donde los taxistas nuevamente han impedido operar a las transportadoras.
El hecho es que será hasta septiembre cuando se prevé la publicación del reglamento y la entrada en vigor de la nueva ley.
Destinos como Puerto Vallarta han demostrado que existe espacio para la convivencia entre todos los modelos de transporte; pero son el temor al cambio y las prácticas corporativistas los que siguen causando problemas.
Un asunto inverosímil, para un país que presume ser el sexto receptor de visitantes internacionales del mundo.
