Hoy se están escribiendo dos historias con relación a los organismos de promoción turística más importantes que subsisten en el país y los errores que se han cometido en torno a los mismos dejan enseñanzas importantes.
Carlos Mendoza, quien gobernó Baja California Sur hasta septiembre de 2021, siempre fue respetuoso de que se entregaran los recursos que le correspondían al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), hasta que llegó la pandemia.
Fue entonces cuando comenzó a dedicar el impuesto al hospedaje de Los Cabos a otros fines y en el último año de su mandato, de plano le dejó un boquete de alrededor de 200 millones de pesos a ese organismo.
De filiación panista, su perspectiva fue que los empresarios se podrían valer a sí mismos aunque también es cierto que la relación con ellos se había “enfriado” porque no apoyaron su proyecto del aprovechamiento que pretendía cobrarle a los visitantes extranjeros.
Mendoza ni a través del Fiturca ni con recursos de comunicación social hizo convenios con los grandes medios de comunicación nacionales y los recursos del Fiturca, que hasta la fecha dirige Rodrigo Esponda, siempre se han manejado con transparencia.
Cuando llegó el gobierno actual de Víctor Castro, apoyado por Morena, decidió no darle recursos al Fiturca para que pagara sus deudas anteriores, pero sí comenzó a entregarle los recursos que le correspondían del impuesto al hospedaje.
Esponda hizo un trabajo de reingeniería financiera y dado que sus agencias estaban contratadas por dos años, parte de los recursos del impuesto al hospedaje los usó para pagar compromisos pasados y otros para contratar acciones clave para mantener la llegada de viajeros.
Hasta septiembre era el destino que más rápido se estaba recuperando de la crisis sanitaria, con aumentos de casi 20% en la llegada de turistas por vía aérea contra 2019.
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, también bajo el gobierno panista y de otros aliados que comandó Carlos Joaquín González, sí usó recursos para contratar campañas en medios de comunicación social nacionales y estatales.
Además, sus decisiones no fueron públicas ni transparentes y se quedó con adeudos por 600 millones de pesos.
Ya está corriendo el segundo mes del gobierno de la gobernadora morenista Mara Lezama y los viejos actores se siguen responsabilizando entre sí de los adeudos.
Darío Flota, ex titular del CPTQ, tenía que ejercer los recursos por ley así es que contrató campañas y acciones de promoción turística; el gobernador Joaquín todavía una semana antes de dejar el poder negoció infructuosamente una partida con el gobierno federal y la Secretaría de Finanzas privilegió hacer otros pagos con el dinero de los recursos provenientes del impuesto al hospedaje.
La llegada de viajeros a Quintana Roo por vía aérea aumentó 16% hasta septiembre, cuatro puntos debajo de Los Cabos y con una tarifa hotelera promedio de menos de la mitad respecto a aquella.
Falta saber cómo resolverá Lezama este tema, pero si quiere aplicar la fórmula del gobernador Castro, será muy importante actuar con transparencia tanto en la etiquetación de los recursos del impuesto al hospedaje, como en el destino de estos.
Javier Aranda, como Esponda, es otro profesional de la promoción turística; pero será importante que pueda actuar a partir de sus conocimientos técnicos en lugar de tener que asumir compromisos políticos que después no podrá cumplir.
