En abril de 2022 llegará a término la concesión que tiene el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sobre la Administración Portuaria Integral (API) de Los Cabos; hecho que acelerará algunos retos respecto a la relación entre esa institución y los gobiernos de Baja California Sur y Los Cabos.
La historia es muy interesante y comienza con la privatización de los puertos mexicanos hace 24 años, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Antes, en el gobierno de Luis Echeverría, lo que iba a ser un puerto resultó ser una marina, como parte del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Los Cabos.
Ello debido a que el trazo de la misma tocó parte de una Área Natural Protegida y ello impidió que se construyera un muelle de cruceros.
Situación que después fue apoyada por los empresarios de la hotelería quienes, como ha sucedido en Cancún y Riviera Maya, en su mayoría se oponen a la competencia de los “hoteles flotantes”.
Además, la marina no fue concesionada a un particular sino a Fonatur quien, a su vez, otorgó un total de 19 concesiones para prestar una variedad de servicios.
Estos tienen que ver con el atraque y anclaje de embarcaciones de diversa índole, pues van desde lanchas de pescadores hasta yates de ultra lujo; también con la venta de combustible y el uso de espacios comerciales.
El mayor de los ingresos, que antes de la pandemia alcanzaba los 80 millones de pesos, se generaba a través de los 500 mil pesos que pagaba cada crucero por desembarcar a los turistas en tenders, que implica un proceso lento y poco eficiente.
En otros tiempos, Fonatur utilizó el dinero que obtenía de sus marinas para reinvertirlas en los propios destinos; pero en la actualidad esos recursos entran a los ingresos fiscales de la Secretaría de Hacienda.
Una decisión enjuiciable, pues significa que ni apoya a resolver las necesidades económicas de Fonatur ni tampoco representa un beneficio específico para el destino turístico.
Rogelio Jiménez Pons, el director general de Fonatur, ha visto en este caso una oportunidad para renegociar las condiciones el próximo año con los concesionarios o para abrir una nueva ronda de licitaciones.
Pero también los candidatos a la presidencia municipal de Los Cabos, y específicamente en el caso de Lupita Saldaña, quien será candidata de “Va por México”, sostiene que el destino requiere de esos ingresos.
Un hecho más que abona al tema de replantear la relación entre Fonatur y los CIP, pues a la institución le preocupa el subsidio que le otorga a los mismos siendo destinos turísticos maduros y a los gobernantes estatales y municipales cómo responder mejor a las necesidades de turistas y ciudadanos.
La respuesta no será simple, pero el fin de la concesión podría obligar a Fonatur a devolver este activo a la Secretaría de Marina.
Cuando en realidad lo que hace falta es que las tres instancias de gobierno y los particulares se pongan de acuerdo para encontrar un planteamiento que sume para todas las partes.
