Corría el año de 1999, cuando Pierre Jean Janniot voló a México para entrevistarse con Javier Vega Camargo quien era Subsecretario de Promoción Turística y a la postre primer director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
El francés era número uno de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el propósito de su visita fue convencer al gobierno mexicano de que no le añadiera una nueva “etiqueta” al rubro de taxation, es decir de impuestos, que se cobraban a través de los boleto aéreos.
La IATA es una organización que está en contra de las cargas impositivas, pues tienen estudios e información sobre el impacto negativo que generan las cargas fiscales para que aumente el tránsito aéreo en el mundo.
Si deciden no aplicar el Derecho de No Inmigrante (DNI), le dijo Janniot a Vega, la IATA estaría en posición de darte un reconocimiento internacional a México en su próxima asamblea, por su compromiso con la aviación.
La pérdida de competitividad del turismo mexicano debido a la falta de recursos para promoción era tan grave, que de inmediato Vega rechazó la propuesta y Janniot se fue molesto pues le dijo que sólo había viajado a México para hacerlo recapacitar.
Cuitláhuac Gutiérrez, director de IATA en México, refrendó que esa asociación mantiene su perspectiva de oponerse a los impuestos aéreos e incluso tiene registrados casos recientes; en donde países como Colombia están creciendo turísticamente de forma importante después de que redujeron sus impuestos aéreos.
La IATA junto con la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), que preside Sergio Allard, libraron juntos una batalla recientemente cuando el gobierno de Baja California Sur, que encabeza Carlos Mendoza Davis, buscó “engraparle” un aprovechamiento de 300 pesos a los turistas internacionales que llegaran al estado.
El asunto no prosperó pues ni los sistemas de IATA, ni los de las globalizadoras, ni los de las aerolíneas aceptan impuestos locales; pues sus sistemas no están preparados para llegar a ese grado de diferenciación.
Si como se sabe el nuevo gobierno federal pretender incrementar el Derecho de No Residente (DNR), que antes se llamaba DNI, en el equivalente a siete dólares; para pasar de unos 540 a unos 680 pesos, como se filtró hace dos meses, la IATA y la Canaero seguramente reaccionarán en contra, porque desalentaría el tránsito aéreo.
Pero el verdadero problema surgiría si el nuevo gobierno quisiera crear una nueva “etiqueta”, para transformar un derecho en un impuesto.
Gutiérrez estimó que si a toda costa el gobierno federal decidiera aumentar el DNR, la re etiquetación para que fuera un impuesto implicaría un trámite de meses con IATA, las aerolíneas y las globalizadoras como Travelport, Sabre y Amadeus.
Desde su perspectiva el asunto de fondo es que en la actualidad los impuestos de los boletos aéreos internacionales hacia México representan 45% del precio; mientras que en Colombia son del orden de 40% y en Panamás de menos del 25%.
Pero además de la pérdida de competitividad, existe una situación legal a tomar en cuenta.
