Si en el mundo indescifrable de la 4T ya está “cantado” el cierre del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); al parecer sus directivos, encabezados por Javier May, inconscientemente no quieren hacer pues pasan metiéndose entre ellos el pie.
De no ser la institución responsable de darle mantenimiento y atender temas cruciales en la mayoría de los principales destinos turísticos, como el aprovisionamiento de agua potable en Los Cabos, la historia parecería una comedia de enredos.
Al interior de la institución está claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere “desmenuzar” el fondo, dándole las responsabilidades de los servicios de los CIP a los municipios; algunos activos a los gobiernos estatales; las reservas territoriales a la Secretaría del Medio Ambiente para que las vuelva Áreas Naturales Protegidas, etc.
En ese camino empresarios, comerciantes y ejidatarios están interponiendo amparos contra la decisión, argumentando que se está afectando el valor de sus inversiones porque se cancelarán los planes de desarrollo en que estaban soportadas.
Mientras que los ejidatarios argumentan que en el pasado les expropiaron sus tierras para impulsar el desarrollo del turismo, lo que no se está cumpliendo al convertirlas en espacios intocables.
Además hay decenas de demandas abiertas contra o promovidas por la institución sobre diversos asuntos acumulados a lo largo de décadas y, por si fuera poco, hay que liquidar a más de 800 trabajadores que colaboran allí.
En todos estos procesos estará involucrada la dirección jurídica que tendrá que atender los amparos, las demandas, los previsibles juicios laborales y, en este contexto, no se explica el poco cuidado que se ha puesto en la misma.
May llegó con Rosendo Gómez Piedra como abogado, quien después se fue a atender ese “nudo gordiano” que se llama el Caso Ayotzinapa.
Su lugar lo ocupó el abogado tabasqueño José María Castillo Madrigal, quien por el papel estratégico que hoy tiene la dirección jurídica pensaba que por lo menos terminaría esta administración tratando de liquidar a Fonatur.
Pero resulta que en el “río revuelto” de intereses en que se ha convertido el Fondo, fue víctima de varias patadas debajo de la mesa, hasta que la semana le pidieron que dejara su puesto, lo que se hizo efectivo el jueves 16.
Una decisión que abonará para que sea cada día que pase más difícil que le den “sagrada sepultura” a Fonatur en este sexenio.
El otro detalle es que la institución tiene que hacerse de recursos para las jubilaciones, generándolos internamente con sus propios activos.
Uno de esos litigios abiertos es el de Hotel Qualton del CIP de Ixtapa propiedad de Bernardo Domínguez, con una participación de Fonatur.
Un hotel de 154 habitaciones en un terreno de siete hectáreas frente a la isla de Ixtapa.
Pero como del plato a la boca se cae la sopa, el acuerdo logrado con el accionista principal ya se rompió y ahora para cobrarlo habrá que recurrir, claro, a la vía legal.
Este caótico panorama es lo que menos le importa al señor May, quien está muy ocupado tratando de entregar para diciembre una versión o menos decente del Tren Maya y de culpar a otros de lo que no podrá concluir.
Quizá haya habido otras etapas de Fonatur en donde hubo más corrupción, pero indudablemente ésta romperá todos los récords habidos y por haber de falta de planeación e incompetencia.
