No sólo en la escalera más famosa de la Ciudad de México, la de su oficina en la Roma, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que utilizará los recursos del Derecho de No Residente (DNR) para el Tren Maya; sino también en la reunión con los gobernadores de la semana pasada.
El hecho es que su equipo está considerando, como se filtró ayer, aumentar en siete dólares este derecho para que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) cuente con recursos para sus trabajos sustantivos.
La intención de hacerlo así fue confirmada a este espacio, lo que derivaría en que de los 533 pesos que le cobran en la actualidad a extranjeros y mexicanos que llegan desde el exterior al país; la cifra ascendería a 666 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar.
Antes de llegar a la discusión sobre si dicha cantidad sacaría o no a México del mercado de los viajeros internacionales o de si es prudente hacerlo, ahora que claramente está iniciando un ciclo a la baja para el turismo mexicano; hay otros temas a considerar.
Como saben quienes siguen con detalles los temas turísticos, todos los años se hace una actualización de la tarifa del DNR que en esta administración básicamente estuvo en línea con el comportamiento de la tasa de inflación.
Digamos que si este 2018 los especialistas a los que encuesta el Banco de México han dicho que la inflación será de poco más de 4%, pues el aumento esperado sería del orden de los 22 pesos.
Mientras el incremento mencionado, es decir de siete dólares, sería más o menos 27% respecto a la cifra vigente en este 2018.
El asunto deberá de pasar por el Congreso, toda vez que se trata de un cambio a la Ley de Ingresos y concretamente a la Ley de Derechos, que forma parte de lo que coloquialmente los economistas describen como la “miscelánea fiscal”.
Los lectores dirán que aprobar el aumento será bastante sencillo, dado que Morena es en términos de zoología el “macho alfa” y en términos políticos el partido dominante en el Congreso.
El “pero” es que en la práctica se trataría de un incremento a una carga fiscal, aunque técnicamente se trate de un derecho, al que AMLO coloquialmente le llamó “impuesto turístico” y entonces vale recordar aquella promesa de campaña: “No subiré los impuestos”.
Si a pesar de todo el incremento al derecho va, entonces también habrá varios jugadores que no estarán de acuerdo; concretamente, Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte, ya declaró a este espacio que su gremio estaría en contra de esta decisión pues se traducirá en un aumento en el precio de los boletos de avión.
Sin pasar por alto que Canaero está impulsando que un porcentaje del DNR se utilice para fondear a la Agencia Federal de Aviación Civil, que sigue siendo un “regulador de papel” por falta de presupuesto.
Y el asunto se pone más interesante todavía…
