Al menos en el sector turismo hay una especie de “teléfono descompuesto” en relación con la legislación que lo rige y ahora resulta que diputados y dependencias distintas a la Secretaría de Turismo están generando o alentando normas sin tomarla en cuenta.
Este lunes hice referencia en este espacio a un comunicado del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, en el que manifiesta su extrañamiento por una iniciativa de reforma a los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo en cuya redacción no fueron considerados.
Aunque la iniciativa fue suscrita por diputados del Partido Verde, es común que el poder ejecutivo se apoye en los representantes del poder legislativo para impulsar reformas legales, por lo que se planteó que Sectur buscaba recobrar su “dentadura” para exigir el cumplimiento de la ley.
Una situación que ya sucedió en el pasado y que tuvo consecuencias indeseables, porque fomentó diversos actos de corrupción.
Sin embargo, Sectur no sólo no está involucrada en este tema, sino que su dirección jurídica ya revisó la iniciativa y llegó a la conclusión de que técnicamente está mal formulada.
De ser aprobada, refieren los abogados de la dependencia, la reforma pudiera no ser viable como parte de la Ley General de Turismo, toda vez que, dentro de los objetos de la citada Ley, establecidos en el artículo 2, no se prevén supuestos en materia de recaudación, cuotas y atribuciones.
Además, Sectur carece de facultades en dicha materia, que corresponden a Hacienda, como se observa en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El tema seguramente le llegó a la Sectur a través de la Secretaría de Gobernación, que cuenta con un sistema de gestión legislativa, cuyo propósito es identificar las nuevas normas que afectan a diferentes dependencias, para pedirles su opinión.
Como se sabe el Turismo es una actividad afectada transversalmente por una multitud de materias, como las económicas, laborales, de procuración de justicia, medioambientales, energéticas, culturales, educativas y sanitarias, dentro de un larguísimo etcétera.
Así es que Sectur directamente se pronunció en contra de esta iniciativa, donde hasta el CNET manifestó su extrañamiento porque, como dijo Carmen Julia, su directora general, ninguna instancia los buscó.
Esta situación no es única, por ejemplo, la semana pasada la Secretaría del Trabajo, que comanda Luisa María Alcalde, publicó un Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con los servicios turísticos y de hospedaje.
Una consecuencia de los cambios realizados en torno al llamado outsourcing que impactará en los costos de las empresas turísticas y en donde tampoco ha habido una interacción entre autoridades y empresas.
Rosario Graham, seguramente la principal experta en legislación turística en México dijo a este espacio que ni en términos legales ni de comunicación se ha logrado una integración eficiente, lo que es particularmente preocupante en el turismo con la transversalidad ya referida.
El principal riesgo, consideró, es que normas aparentemente inocuas generen costos excesivos que afecten la competitividad de las empresas turísticas, cuando podrían ser analizadas y replanteadas antes de que tengan efecto de ley.
Al menos es interesante saber que la iniciativa del Partido Verde para reformar la Ley General de Turismo, no sólo tiene en contra al CNET sino incluso a la propia Secretaría de Turismo.
