Michel Paige, directora general de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés) y Micky Arison, presidente ejecutivo del mismo organismo, planeaban llegar a principios de esta semana a la Ciudad de México.
Esperaban reunirse con Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo; con Josefina Rodríguez, titular de Turismo y con dirigentes de las Cámaras de Senadores y Diputados para argumentar sobre las consecuencias indeseables de imponer el Derecho de No Residente (DNR) de 42 dólares a los cruceristas que vienen a México.
Al final cancelaron su viaje, porque ni lograron la cita con Sheinbaum, ni con los líderes del poder legislativo que revisan el Paquete Económico para 2025.
Los dirigentes de la FCCA están molestos y desconocertados, comenzando porque no hubo una consulta previa y supieron de la decisión a través de los medios.
En el pasado los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón revirtieron sendas propuestas para cobrarles un derecho, menor por cierto al que se pretende ahora, pues consideraron que los destinos perderían más sin la derrama que dejan los cruceristas.
Oralia Rice, quien fue subsecretaria de Turismo con Calderón, tuvo una discusión acalorada sobre este tema con el entonces presidente y con los funcionarios de Hacienda.
Como oriunda de Mazatlán vivió esos años que padecieron económicamente muchos habitantes del puerto cuando dejaron de llegar los cruceros, por un problema de violencia contra un ciudadano canadiense, y por ello se opuso enfáticamente a la decisión.
En número redondos, con los estimados de la propia FCCA, entre pasajeros y tripulación, los destinos de cruceros del Caribe Mexicano recibirán 8.7 millones de visitantes este 2024; Ensenada 1.21 millones; Progreso 423 mil y Mazatlán 569 mil, es decir casi 11 millones de personas.
Este número se acerca al 25% del total de los pasajeros y tirpulación que mueven estos hoteles flotantes afiliados a la FCCA en sus diferentes rutas, mientas que el gasto en México ronda los mil millones de dólares y en tierra generan 20 mil empleos.
En la conferencia de prensa que ofreció Page el lunes, dijo que las navieras se tardan hasta dos años en trazar una nueva ruta y que si el mercado no acepta pagar este derecho, la reducción en el arribo de cruceros será paulatina.
En el pasado las navieras no sólo han sido negociadoras duras, sino que en la pandemia algunas mostraron un bajo nivel de compromiso con sus trabajadores.
Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, no sólo respaldó la decisión del cobro del derecho por parte de las autoridades hacendarias sino que sostuvo que los cruceros sólo dejan basura.
También dijo a este espacio que entendería el apoyo que algunos dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex dieron a las navieras, sólo si se dedicaran a reciclar desperdicios.
Añadió que otros empresarios importantes de Quintana Roo, como Alex Zozaya, Pepe Chapur y la familia García Zalvidea están de acuerdo en que se aplique el derecho.
Consideró que al menos una parte de los recursos que se captarán vía el DNR debería de invertirse en promoción, infraestructura y seguridad que son tres pilares del turismo.
Sin interlocutores con el gobierno, es factible que si se reduce el número de cruceros que llegan a México todos terminarán perdiendo, es decir trabajadores, gobiernos, destinos, empresarios y navieras.
