Un aviso interno de BBVA, la institución que dirige Eduardo Osuna, ha generado angustia entre los clientes de ese banco que además son propietarios de bienes inmuebles en Acapulco.
A partir del 18 de octubre la institución decidió no aceptar en la relación patrimonial de sus clientes, a los bienes inmuebles ubicados en el municipio de Acapulco.
Ello significa que el banco comercial más grande de México no sólo está dejando de financiar cualquier proyecto en ese destino, golpeado por los huracanes Otis y John; sino que los propietarios de inmuebles en Acapulco tampoco podrán usarlos como garantías para reconstruir.
La situación del otrora destino turístico más importante de México es crítica y en pocos años podría generar una crisis social sin precedente.
Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo Federal, ha dicho que las dos prioridades turísticas de la presidenta Claudia Sheinbaum son Acapulco y el Tren Maya.
El subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, cercano a la mandataria, prácticamente radica en Acapulco donde se están haciendo inversiones para reponer la infraestructura dañada y apoyar a los habitantes con menores recursos.
Pero la inseguridad, la corrupción de las autoridades municipales y la falta de opciones para que los propietarios de miles de inmuebles dañados los levanten y puedan volver los habitantes de la CDMX, están asfixiando al puerto.
Desarrolladores y arquitectos narran historias de terror.
Uno de ellos, que pidió no citar su nombre, contó que al solicitar un permiso de obra que costaba 100 mil pesos sufrió varios retrasos para obtenerlo.
La Dirección de Obras, que encabeza Sonia Isela Arriaga, en vez de facilitar estos trabajos que generan empleo y abren oportunidades lucra con los interesados.
Tras semanas suplicando infructuosamente el permiso, un personero del municipio le propinó una “mordida” de otros cien mil pesos y así obtuvo la autorización.
La presidenta municipal, Abelina López, dice estar comprometida con el puerto, pero en los hechos la inseguridad sigue creciendo.
Otro empresario, con un desarrollo en Acapulco, el 15 de diciembre pagó sueldo y aguinaldo a sus empleados.
Al día siguiente ninguno regresó a trabajar, porque el gobierno federal les había dado un subsidio de entre 30 y 70 mil pesos por familia y además proliferaban los asaltos en transportes públicos.
Así es que fueron ricos unos pocos días.
Hoy muchos condominios de Punta Diamante siguen cerrados o semi destruidos y también padecen los comercios y restaurantes de la zona.
La semana pasada La Trainera, acreditado restaurante de mariscos, sirvió pocas mesas cada día, mientras su gente se tronaba los dedos pues una parte importante de su ingreso proviene de las propinas.
El gobierno federal sigue reponiendo infraestructura y repartiendo dádivas, incluso han dado varios refrigeradores por familia, pero si no apoya la reconstrucción de propiedades turísticas el flujo de visitantes seguirá siendo raquítico.
La Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Rogelio Ramírez de la O, podría meter a las propiedades condominales a un fideicomiso para apoyar con créditos a los dueños que quieran recuperar sus bienes y dejar fuera a los que no.
También presionar a BBVA para que modifique sus criterios en Acapulco; pero si no regresan los habitantes de la CDMX, que es su principal mercado objetivo, y sigue siendo el asistencialismo la única opción; también crecerá una pregunta:
¿Cuánto más sufrirán los habitantes de Acapulco antes de que estalle una crisis social?
