El final del sexenio se aproxima y parece ser este el momento oportuno para realizar balances y, en nuestro caso en particular, aquellos que tienen que ver con la gestión turística; anotando el que la responsabilidad pública sobre el turismo de ninguna manera se circunscribe solo a la actuación de las dependencias del Sector Turismo -Sectur, Fonatur y el CPTM-. Ciertamente, este breve espacio nos permita realizar tan solo una primera aproximación.
Al hacerlo, y a manera de dar un contexto, debemos recordar que durante este periodo se presentaron dos hechos de coyuntura, difícilmente previsibles, que impactaron de manera notable a la actividad turística: la recesión global iniciada en 2008 y cuyos efectos aún se resiente y la epidemia de la influenza A1HN1, destacando que tan solo la merma en los ingresos para el sector turístico en el año 2009, ha sido valorada por el Centro Anáhuac de Investigación Turística, en una cifra en el orden de los 8 mil millones de dólares.
Como en cualquier proceso de evaluación de una gestión pública es necesario reconocer que hubo aciertos y también es posible identificar áreas de oportunidad.
El inicio de la administración generó altas expectativas al haberse anunciado que este sería el sexenio del turismo; para el año 2009 el gozo se fue al pozo, pues en adición a los difíciles momentos que ya registraba la actividad en aquel momento, se sumó la iniciativa formal de desaparición de la Secretaría de Turismo que, finalmente, no prosperaría.
El cierre de la gestión concluye con un mucho mejor ánimo y debe reconocerse que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo existe una clara percepción de un mucho mayor interés público en relación a la actividad; el tiempo dirá los resultados finales de dicha iniciativa, pero lo que no puede escatimarse es el reconocimiento de que la firma del Acuerdo ha sido la mayor expresión de capital político a favor del turismo en la historia del país.
A este mejor ánimo contribuye, también, una clara recuperación de la actividad, aunque esta no se ha generalizado, pues subsisten rezagos importantes en buena parte de los destinos del Pacífico y en muchos del norte del país.
De acuerdo con expresiones de una amplia representatividad empresarial, existe un reconocimiento y un buen grado de aceptación del trabajo del Consejo de Promoción Turística de México, particularmente en lo que se refiere a la promoción internacional.
Sin duda, el mayor escollo que enfrenta el despegue turístico del país es la crítica situación de la inseguridad que ha afectado severamente la marcha de la actividad, como lo demuestre el que luego de seis levantamiento consecutivos de la encuesta de expectativas del sector privado turístico denominada Panel Anáhuac, de manera constante alrededor del 90 por ciento de ellos consideren que esta condición ha afectado sus negocios.
También por el lado de los pendientes, encontramos que FONATUR no acaba de consolidar su misión y enfrenta serios problemas financieros y, en nuestra opinión, padece un grave problema: ha perdido su rumbo estratégico. En honor a la verdad, esta situación no se origina en esta Administración y, seguramente, sus gestores han tratado de adaptarse a las circunstancias; sin embargo, FONATUR ha dejado de ser el promotor de las grandes inversiones turísticas.
No se debe olvidar, por otra parte, que habiéndose publicado en 2009 una nueva Ley General de Turismo, al día de hoy no se cuenta con su Reglamento, lo que muy probablemente suponga una falta de certeza jurídica para quienes participan en la industria.
Concluimos este breve comentario, insistiendo en que a pesar del impulso dado por el Acuerdo Nacional por el Turismo, el turismo no acaba de ser asumido como una prioridad ni tampoco pareciera haberse consolidado una política de Estado en materia turística, que no es lo mismo que una política turística de un gobierno.
En el Estado, conviene recordar, están incluidos todos los actores de la sociedad y no solo quienes detentan alguna autoridad.
