Durante dos fines de semana sucesivos, el presidente López Obrador ha visitado los principales estados turísticos: Quintana Roo y Baja California Sur, en donde envió pocas señales para alentar las inversiones en este sector.
Además del desastre que provocó el video del Secretario Miguel Torruco; poco hubo que recordar de lo ocurrido en Chetumal.
En Los Cabos fue aplaudida la decisión de AMLO de prohibir la autorización de una mina de oro en el Área Natural Protegida de la Sierra de la Laguna; proyecto que ha venido cabildeando desde hace años un grupo en donde se mencionaba a Ricardo Salinas Pliego.
Pero tanto en la capital de Quintana Roo como en Los Cabos, el gobernador Carlos Joaquín y Carlos Mendoza fueron abucheados por las huestes de Morena, en lo que ya parece un patrón de este partido que llevó al poder a López Obrador.
En Chetumal fue la senadora de Morena, Marybel Villegas, quien organizó a un grupo para que impidiera hablar a Joaquín en el evento con López Obrador por el Día de la Bandera.
En Los Cabos fueron los taxistas, también buscando el apoyo de Morena, quienes le chiflaron a Mendoza pues se siguen oponiendo a la Ley de Movilidad que permite el uso de plataformas digitales como Uber.
Mendoza refirió lo siguiente en Twitter:
“Algunos taxistas y transportistas acudieron hoy al encuentro del presidente AMLO con Sudcalifornia. Pretenden con gritos y agravios defender sus privilegios. Respeto su derecho a manifestarse, no comparto sus formas. Nadie por encima del interés público. Movilidad ya para BC”.
Sobre las plataformas para reservar autos y casas, las dos principales son Airbnb y Uber, hay retos importantes para el gobierno federal que está entrando.
En la administración pasada, y cuando Osvaldo Santín era jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los expertos fiscales identificaron como necesaria una reforma constitucional al artículo 31 fracción IV.
También a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sólo de esa manera se podría obligar plenamente tanto a las plataformas como a los afiliados a las mismas, para que enteraran y pagaran sus respectivos impuestos.
Más allá del las complicaciones técnicas, que por cierto no deberían de significar un problema legislativo dada la mayoría que tiene Morena en el Congreso, sin duda sería importante tomar definiciones claras sobre la famosa “economía compartida”.
Por un lado es entendible la insistencia de los hoteleros, y que ha apoyado el Secretario Torruco, para que los afiliados a la plataforma de Airbnb paguen sus impuestos; pues de otra manera seguirían beneficiándose de una competencia desleal.
Pero en el caso de Baja California Sur, en donde los taxistas han conservado sus privilegios apoyados siempre en factores reales de poder en ese estado, es inaceptable que mantengan sus posiciones gangsteriles.
Más allá de los chiflidos y la poca civilidad contra Mendoza, siguen las persecuciones y golpizas contra choferes que osan operar con Uber; algo que los líderes de Morena tampoco deberían alentar.
