Como “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”; la polémica sobre el Hotel Ríu Punta Nizuc sigue viva mientras su construcción avanza a toda prisa, pues los dueños saben que un político o juez pueden suspenderla nuevamente.
La “manzana envenenada”, como dicen los abogados estadounidenses, viene de 2013 cuando Julián Ricalde, entonces presidente municipal de Cancún, le cambió al inmueble el uso de suelo de residencial a hotelero con una densidad de 540 cuartos en un terreno de dos hectáreas.
Acto de autoridad con “hedor a corrupción”, diría Sergio Aguayo, pues el hotel Nizuc, su vecino de Grupo Brisas, tiene 274 cuartos en 10 hectáreas, es decir 10 veces menos aunque su licencia le autoriza 50 cuartos por hectárea.
El siguiente alcalde, Paúl Carrillo, ratificó el uso de suelo en 2014 y su permiso súper densificado de 530 cuartos fue muy atractivo para el español Grupo Ríu, que lo compró a la empresa Residencial Nizuc del Caribe de Allan y Moisés Becker.
Entonces iniciaron las acciones legales promovidas por Brisas, de Antonio Cosío, contra las autoridades municipales y la organización hotelera de los hermanos Luis y Carmen Ríu.
El siguiente presidente municipal Remberto Estrada, aprobó en 2017 un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y una licencia de construcción ratificando 530 habitaciones.
El proyecto tiene también una Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El último juicio que promovió Brisas argumentaba que, incluso con esos permisos, la densidad autorizada era “neta” y no “bruta” y había que restarle las áreas que no podían ser usadas para construcción y que, en el peor de los casos, deberían ser 60% de los referidos 530 cuartos es decir 318.
El litigio llegó a la Sala Especial de Juicios Ambientales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a finales de 2019, en una de las fases del proceso, el poder judicial determinó que para mantener la suspensión de la obra grupo Brisas debería garantizar 580 millones de pesos.
Cantidad que no comprometió y allí se reactivaron los permisos que, según dijo a este espacio Mara Lezama, la actual presidenta municipal, fueron otorgados por Estrada.
Con las autorizaciones refrendadas, los ingenieros de Ríu aparecieron en la propiedad con más prisa que un gobernante chino comprometido a construir un hospital especializado en coronavirus.
Mientras que los abogados de Brisas, encabezados por Enrique Marín, iniciaron un juicio contencioso y otro de amparo en el Juzgado de Distrito de Cancún que siguen pendientes de admisión.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y Lezama dijeron en enero a esta columna que a ellos les tocaba respetar el Estado de Derecho.
Pero a inicios de febrero, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, manifestó estar en contra del proyecto y se comprometió a revisar el tema con Semarnat.
Esta semana Alejandro Varela, director jurídico, amenazó con que Fonatur abandonaría el mantenimiento del destino si el Ríu sigue adelante.
El tema se mudó de los juzgados a la realpolitik y eso, en este gobierno, significa que cualquier cosa puede ocurrir.
