En una acción que denominaron Mega Operativo Nuevo Nayarit, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno del estado de Nayarit lograron recuperar nueve millones 620 mil metros cuadrados de terrenos del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), con un valor de 50 mil millones de pesos, que fueron vendidos fraudulentamente.
En una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, explicó que en febrero de 2022 el FIBBA puso una denuncia contra funcionarios y particulares que se apoderaron de terrenos. Como resultado de la investigación derivada, se aseguraron siete mil 213 millones de pesos en cuentas bancarias de 42 personas físicas y 85 personas morales.
“En el proceso detectamos alteraciones en notarías públicas, lo que demuestra la existencia de un entramado para despojar al gobierno de su patrimonio”, dijo.
Por su parte, Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del Gobierno de Nayarit, precisó que esta investigación abarcó el periodo de 2005 a 2021, lapso en que diversos funcionarios, incluidos dos ex gobernadores, dispusieron indebidamente del patrimonio del FIBBA, fideicomiso constituido en 1970 para administrar terrenos expropiados con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico en la región.
Ante los años transcurridos, indicó que hicieron un análisis jurídico y se determinó que muchos de los delitos cometidos no habían prescrito al tratarse de delitos continuados. Hubo casos en los que vendieron terrenos frente al mar a 50 pesos el metro cuadrado, muy por debajo de su valor real.
A su vez, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmó que este es un caso único en la historia de México, ya que se encontró con una situación de gravedad financiera que generaría en el corto plazo una crisis social en su estado.
“El gobierno estaba endeudado y con sus recursos económicos ya comprometidos, lo que atentaba contra la gobernabilidad social. Eran terrenos de altísimo valor comercial con los cuales se había especulado, ya que hubo componendas entre el gobierno y el fideicomiso. Además, se habían estructurado expedientes mal hechos, probablemente de manera intencional”, dijo.
“Hoy se tiene recuperado el 93 por ciento de la meta propuesta. Hemos recuperado nueve millones 620 mil metros cuadrados, con un costo de 50 mil millones de pesos, valor que podría llegar a los 100 mil millones de pesos tras la dotación de servicios”, añadió el mandatario nayarita.
Con el dinero recuperado, Navarro Quintero creó un Fondo Soberano que operará con un modelo mixto: el gobierno ya no venderá los terrenos, sino que se asociará con los inversionistas para ser parte de los proyectos que se presenten. Calcula que de esta manera las utilidades por aportar la tierra serán de alrededor del 18 por ciento de las ganancias que generen, de las cuales el 51 por ciento se destinará a obra social como carreteras, escuelas, puentes, etc., y el 49 por ciento restante irá a un Fondo de Retiro que creó para los empleados.
“Las tierras de Nayarit son las de mayor plusvalía en el país y nunca antes se investigó esta situación”, puntualizó.
Al respecto, Camarena Morales abundó en que con este mega operativo el gobierno del estado ha logrado27 rescisiones contractuales, 17 acuerdos reparatorios y una sentencia en firme. Además, hay múltiples detenidos, pero en el 95 por ciento de los casos se han llegado a acuerdo reparatorios con los que recuperaron 500 millones de pesos.
Aunque, para no violar el debido proceso, los funcionarios se negaron a mencionar los nombres de los ex gobernadores presuntamente involucrados, durante la propia conferencia de prensa, a través de las fechas mencionadas y los periodos de gobierno, se supo que se trata de Ney González Sánchez, quien gobernó Nayarit del 2015 al 2011, y de su sucesor, Roberto Sandoval Castañeda, quien lo hizo de 2011 a 2017.
González Sánchez está prófugo desde hace dos años, por lo que tiene una ficha roja de la Interpol para ser detenido, según aseveró Cristina Reséndiz Durruti, fiscal especializada de Control Competencial de la FGR; en tanto que Sandoval Castañeda desde hace cuatro años se encuentra preso en el penal federal de El Rincón, por delitos ajenos a este caso (enriquecimiento ilícito, lavado de dinero), pero también se le está investigando por este fraude inmobiliario.
“El Fondo Soberano que creamos está blindado y garantiza que una situación como esta no volverá a suceder”, puntualizó el gobernador Navarro Quintero.
