Con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que busca regular el hospedaje turístico temporal a través de plataformas como Airbnb.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno Martí Batres, ha generado un debate que enfrenta a defensores de los derechos de propiedad con aquellos que abogan por la protección del acceso a la vivienda y la competencia justa en el sector turístico.
Límites a la ocupación y nuevas reglas
Las modificaciones a las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción establecen que no se renovará el registro de los inmuebles que hayan sido ocupados por más del 50% de las noches del año.
Esto implica que los propietarios de inmuebles en plataformas como Airbnb podrán ofrecer alojamiento solo por un máximo de seis meses al año. Si superan este límite, deberán esperar un año antes de volver a registrarse.
Este dictamen modifica el artículo 61 de la Ley de Turismo, introduce el artículo 36 Bis en la Ley de Vivienda y añade un párrafo al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.
Estas modificaciones tienen el objetivo de nivelar el terreno de juego entre alojamientos turísticos de corta estancia y hoteles tradicionales, que han expresado su preocupación por la competencia que representan las plataformas de alquiler temporal.
El diputado Emilio Guijosa Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda, explicó que la reforma pretende mitigar la gentrificación y regular el turismo digital. Según Guijosa, la medida permitirá una coexistencia más justa entre las plataformas digitales y los hoteles.
Impacto en la vivienda social
Otro aspecto clave de la reforma es la prohibición de utilizar inmuebles de programas de vivienda social, así como aquellos reconstruidos tras el sismo de 2017, para fines turísticos temporales. Esta disposición busca garantizar que las viviendas destinadas a sectores vulnerables de la población no se desvíen de su propósito original.
El dictamen también establece que, en el caso de inmuebles de interés social o popular construidos bajo la Norma de Ordenación Número 26, se aplicará la misma restricción, reforzando la protección de estas viviendas frente a los esquemas de alquiler temporal.
Opiniones divididas
La propuesta ha recibido apoyo por parte de algunos legisladores, quienes ven en la reforma una oportunidad para frenar la gentrificación y evitar el desplazamiento de residentes locales.
Sin embargo, la iniciativa también generó críticas. El diputado Diego Orlando Garrido López, del PAN, consideró que la medida atenta contra los derechos de propiedad privada y la libertad individual, señalando que no debería ser el Estado quien determine cómo los propietarios utilizan sus bienes.
Por su parte, la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, también del PAN, argumentó que la reforma no contempla mecanismos claros para verificar el cumplimiento de la norma, especialmente en inmuebles con una sola habitación, lo que podría fomentar un mercado negro de arrendamiento.
La diputada Olivia Garza de los Santos expresó que la medida beneficia directamente al sector hotelero y afecta a quienes buscan obtener ingresos adicionales mediante plataformas de alquiler temporal.
Con esta regulación, la Ciudad de México se suma a una lista creciente de ciudades en todo el mundo que buscan controlar el impacto de plataformas como Airbnb en sus mercados inmobiliarios. Aunque la medida busca proteger a los residentes y equilibrar la competencia en el sector.
