La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló nueve irregularidades en los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, derivadas de nueve auditorías de inversiones físicas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también conocido como Santa Lucía, con una muestra auditada de 17 mil 6 millones de pesos de los 18 mil 444.9 millones del total de los recursos federales ejercidos durante 2020.
Las observaciones son:
- En el frente 2* se realizaron pagos sin comprobación documental registrada
- En el frente 18* se adjudicó un contrato que incumple los requisitos solicitados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
- En los frentes 16, 17 y 18*, las empresas de fabricación, habilitado y montaje de estructura metálica no contaron con laboratorios acreditados por la EMA.
- En el frente 14* no se contó con el proyecto, programas de suministro y presupuesto previo al inicio de las obras.
- En los almacenes de los frentes 5 y 14*, y en los talleres de los proveedores del frente 7* existe material sobrante y de desperdicio que fue donado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.S. de C.V. (GACM) sin que a la fecha se pudiera acreditar su uso y destino.
- En el frente 7* solo se ejecutaron 14 de los 17 pre-puentes establecidos en el Plan Maestro y en el proyecto ejecutivo.
- En los frentes 10, 14 y 20* no se elaboraron la totalidad de las estimaciones para acreditar los avances físicos reportados por la entidad fiscalizada a diciembre de 2020.
- En el frente 5* no se colocó pintura intumescente en los aceros de entrepisos de la torre de control, y en el frente 7* no se acreditó que la pintura intumescente aplicada en la estructura del edificio terminal cumpliera con las tres horas de resistencia al fuego, además de que tampoco se colocó en los aceros de los entrepisos.
Respecto a la torre de control, se adjudicaron contratos con costos mayores respecto de los mismos trabajos adjudicados en la terminal de pasajeros, y con mayores porcentajes de suministro al contratista con el precio más elevado.
Asimismo, en su informe la ASF asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional aportó recursos con cargo en el capítulo 4000 (subsidios y transferencias) de gasto, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, del cual no se reportaron 20 mil 243.1 millones de egresos y se presentaron en exceso 19 mil 204 millones de ingresos en la Cuenta Pública, además de que una parte de los recursos de dicho fideicomiso fue utilizada para realizar pagos correspondientes al AIFA (Santa Lucía).
Por último, se determinó que de los 12 mil 733.5 millones de pesos autorizados en 2020 para la construcción y adquisición de predios, se ejercieron 12 mil 275.1 millones mediante la figura de Comisionado Habilitado. Sin embargo, ésta figura solo podía ejercer gastos de los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales), no obstante, el 94.5% de los recursos correspondieron a partida de gasto del capítulo 6000 (obras públicas), además de que se recibieron donaciones por parte del GACM de materiales, equipos y bienes muebles con valor registrado de seis mil 12.1 millones de pesos, los cuales fueron informados, sin acreditarlo, con un “costo cero”, dijo la ASF.
*Residencias de obra
Con información obtenida de la alianza con A21.
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