En Los Cabos se está cocinando una historia que puede devenir en una crisis sobre uno de los aspectos más apreciados de este destino, que es la navegación de yates y la pesca deportiva.
Digamos que la presencia de las autoridades está en una suerte de “limbo”, detrás de la cual están algunos jugadores e intereses que no son de menor calado.
Cabo San Lucas se hizo famoso, en primer lugar, por la calidad de la pesca y después por sus campos de golf, incluso, con la competencia de otros países como Costa Rica y Panamá, en Los Cabos se siguen haciendo los torneos de pesca con las bolsas más abultadas del mundo.
Lo que llegó sin hacer ruido fue el fin de las concesiones a tres empresas que han hecho una fortuna con el negocio de ofrecer servicios de estacionamiento para barcos, de atraco es el término correcto, para los yates y barcos de pesca que visitan y operan en el destino.
Una de ellas es IGY Marinas, de Thomas Mukamal; la otra Marinas del Rey, de Marcos Ehremberg y, la tercera es la Marina Fundadores, que gestó el empresario Ramón Marcos (Q.E.P.D.) y que hoy comandan Jacqueline Liceaga y Enrique Fernández del Castillo.
En números redondos IGY le pagaba a Fonatur por la concesión menos de 20 millones de pesos anuales y ellos cobraban unos 22 millones de dólares al año; las otras dos tienen 10% de esas cifras cada una.
Esto después de una negociación al inicio de esta administración, en donde aumentó de 1.5% a 4.5% el pago a Fonatur sobre los ingresos.
Adicionalmente, hay otras ocho concesiones menores, incluyendo la de una cooperativa especializada en pesca deportiva.
El acuerdo, incluso corregido parece malo para el gobierno federal, pero tiene como contraparte que estos tres grupos han hechos fuertes inversiones en tecnología, cuentan con personal especializado y los contactos para comercializar adecuadamente los espacios en una marina, cuyos precios de atraque están entre los más elevado del mundo.
En la lógica de los economistas gubernamentales “neoliberales”, como se les dice ahora, la idea era dejar la operación en quienes podían invertir y sabían hacer el negocio.
Hoy, la perspectiva es completamente diferente y Fonatur ya también sancionó a IGY por la invasión de una “berma de servicio”, un corredor para conectar por tierra los servicios que brian a los barcos.
La institución les aplicó una multa de 23 millones de pesos; pero con el reemplazo de la Secretaría de Marina a Fonatur ni siquiera existe el conducto para hacer ese pago.
Esto es apenas la punta del iceberg, pues los 30 colaboradores de Fonatur que atendían la Marina ya están siendo liquidados y la Secretaría de Marina, cuyo titular es Rafael Ojeda, sencillamente no ha dicho cómo reemplazará al Fondo y el tiempo sigue corriendo.
El tema tiene otras muchas aristas, como la operación de los cruceros, y como en “río revuelto, ganancias de pescadores” ya hay varios jugadores que están más que dispuestos a reemplazar a IGY, a Marina del Rey y a Marina Fundadores.
En un escenario ideal, habría que hacer licitaciones y buscar las mejores fórmulas para beneficiar al destino y a los clientes, pero todos los indicios señalan que esto se resolverá como otro capítulo más de la “teoría del caos”.
