Desde la reforma que implementó Silvia Hernández a la legislación turística en su carácter de Secretaria del Ramo, esta dependendencia había perdido los “dientes”, es decir la capacidad de obligar a las empresas turísticas a cumplir con las reglas y a sancionarlas en caso contrario.
Esto ha permitido abusos por parte de ciertas empresas, pero no sólo le quitó una carga administrativa a las empresas, sino que acabó con las extorsiones que cometían las autoridades en aquella época en que cerraban restaurantes y hoteles para reabrirlos através de actos de corrupción.
Por ello sorprende el Proyecto de Decreto que Adiciona los Artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo, pues va en contra de un marco legal que ha funcionado y que tendrá como consecuencia aumentar la carga administrativa a las empresas turísticas.
Es cierto que las empresas también hacen todo lo posible por pagar las menores cantidades en renglones como el impuesto al hospedaje, totalmente desvirtuado en su propósito original que era impulsar la promoción de los destinos mexicanos.
Hoy los hoteles de Cancún y la Riviera Maya, por ejemplo, reportan en promedio tarifas hoteleras promedio inferiores a 80 dólares, cuando se sabe que son mucho más altas.
Pero situaciones como ésta se podrían resolver negociando, dialogando y no incurriendo en prácticas coercitivas, en donde saldrá peor el remedio que la enfermedad.
Hay que pensar, por ejemplo, que la Secretaría de Turismo no tendrá el personal suficiente para hacer las revisiones que le autorizaría el cambio a la ley, lo que se traducirá en que lo haga de forma discrecional.
Precisamente la discrecionalidad es otra aliada de la corrupción y no sería difícil que Sectur opte por revisar o sancionar a las empresas de manera poco equitativa, incluyendo la posibilidad de castigar aquellas donde sus propietarios estén en desacuerdo con el régimen.
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, emitió un comunicado en donde no sólo critica la medida sino que manifiesta su desconcierto porque la reforma se está realizando sin la participación ni la concurrencia del CNET.
El que no haya sido tomado en cuenta, tiene que ver con el distanciamiento entre Arsuaga y el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien le ha aplicado al primero la “Ley del hielo” desde que éste se quejó porque le vetaron su discurso en el penúltimo Tianguis en Acapulco.
Torruco no sólo fue miembro del CNET, como presidente de la Asociación de Hoteles, sino que fue rechazado cuando quiso presidirlo y luego impulsó fallidamente a Luis Barrios, por lo que claramente tiene en el bando de sus “advesarios” al organismo que reprensenta a las empreas más importantes del sector.
Es previsible que si el Congreso aprueba la reforma, requiera de algún tiempo para poderse implementar y también que los hoteleros y otros empresarios recurran a los amparos ante las situaciones de abuso de la autoridad.
Pero estando ya en marcha el penúltimo año de esta administración y ante el escenario de la sucesión presidencial en 2024, parece un despropósito tensar más la relación con un sector que representa 9% de la economía y que ha logrado salir de la crisis de la pandemia sin el mínimo apoyo del sector gubernamental.
El mismo al que ahora pretenden poner bajo la lupa, para pasar de la indiferencia al hostigamiento.
