En una conferencia reciente organizada por la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA, por sus siglas en inglés), Michelle Page, su directora ejecutiva, expresó una profunda preocupación por el impacto económico que podría tener en México la nueva medida fiscal aprobada por el Congreso.
La legislación propone eliminar una exención fiscal clave para pasajeros en tránsito, imponiendo un cargo de 42 dólares por persona, un cambio que podría repercutir drásticamente en la industria de cruceros del país.
Actualmente, los puertos mexicanos ofrecen tarifas competitivas que oscilan entre 16 y 28 dólares por pasajero, según el destino. Con la implementación de este nuevo impuesto, los costos escalarían hasta un 213% por encima del promedio en el Caribe. Este aumento convierte a México en un destino mucho menos competitivo frente a alternativas como las Islas Caimán o Jamaica.
La FCCA advierte que los pasajeros, muchos de los cuales ya han reservado y pagado sus viajes para 2025, enfrentarán costos imprevistos, lo que podría reducir el atractivo de México como destino.
Según Page, la industria ya está considerando redirigir itinerarios hacia países más accesibles económicamente, un movimiento que podría desestabilizar gravemente la economía local.
El turismo de cruceros genera más de 20 mil empleos en México y contribuye con aproximadamente mil millones de dólares al año en gasto directo, según cifras presentadas por la FCCA. Esta cifra incluye salarios y beneficios para miles de familias mexicanas. Además, se estima que un 60% de los turistas que llegan en cruceros vuelven posteriormente al país para estadías más largas, un factor crucial para destinos como Cozumel, Puerto Vallarta y Mazatlán.
La posible retirada de cruceros afectaría a comunidades costeras enteras que dependen de este flujo constante de visitantes. Desde taxistas hasta pequeños negocios locales, muchos se verían severamente impactados.
La FCCA insiste en que la medida fue tomada sin consulta previa con la industria ni un análisis de sus posibles consecuencias. La falta de comunicación con las autoridades ha llevado a una atmósfera de incertidumbre. Page destacó que la industria está dispuesta a colaborar y trabajar con el gobierno mexicano para encontrar una solución mutuamente beneficiosa.
“Esperamos que se posponga esta medida para permitir un diálogo significativo entre la industria y las autoridades. Esto podría dar tiempo para explorar alternativas que preserven los ingresos fiscales del gobierno sin poner en peligro el turismo de cruceros en México”, afirmó.
El impacto potencial de esta medida va más allá de los cruceros. El efecto dominó en sectores relacionados, como la hotelería y el comercio local, podría ser devastador. Para mantener la competitividad y el flujo de turistas, los líderes de la industria hacen un llamado a las autoridades mexicanas para reconsiderar la medida y promover un enfoque que equilibre las necesidades económicas con el crecimiento sostenible del turismo.
A medida que el Senado mexicano se prepara para votar sobre esta legislación, el futuro del turismo de cruceros en México pende de un hilo.
