Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envió el seis de noviembre un oficio a Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.
El asunto es el crucero Le Champlan de la naviera francesa Ponant, que tiene los permisos para atracar en Puerto Morelos a lo que se han opuesto los hoteleros encabezados por la asociación de Cancún que preside Roberto Cintrón.
En el documento pide brindar al crucero los servicios que necesite en Puerto Morelos, debido a que el régimen de uso de este último es público y a que en su título de concesión se le cataloga como un muelle para transbordadores de altura de uso común.
Por tanto, señala el oficio, “no existe inconveniente para recibir embarcaciones de turismo náutico-cruceros”.
Ricalde Magaña con una mano en la cintura ha hecho caso omiso de la ley; por ello la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, ya llevó el tema a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo, cuyos titulares son Marcelo Ebrard y Miguel Torruco.
Pero al mantenerse la prohibición para que atraque el crucero en Puerto Morelos, los gastos de operación de Le Champlan se han disparado al tener que usar a Cozumel como puerto alternativo de cruceros.
Además los 200 turistas que pagan mil dólares diarios, están sufriendo molestias y perdiendo tiempo para visitar los sitios arqueológicos mayas que son el propósito de este viaje.
Quienes dicen que los cruceristas no generan derrama, le podrían preguntar su opinión a Diamonds International de Cozumel, que está haciendo un gran negocio.
Hace unos días, para no ir más lejos, una pareja de estos franceses adquirió unos aretes que costaron 120 mil dólares.
Más allá de argumentos y contra argumentos, respetar la ley es básico para los negocios y las inversiones y en este caso no está sucediendo.
Divisadero
Aprovechamiento. El sábado inició el cobro en el aeropuerto de Los Cabos de los 350 dólares del “aprovechamiento” que impuso a los turistas extranjeros el gobierno de Carlos Mendoza.
Desde la perspectiva de la Organización Mundial de Turismo se trata de una medida desafortunada, pues el éxito de esta actividad se basa en libre tránsito y bajas cargas impositivas.
Pero es una decisión con la que Baja California Sur estima recaudar en 2020, 490 millones que se destinarán a obras y acciones sociales como educación, salud, deporte, seguridad, cultura y sustentabilidad.
Como dijo Mendoza en su informe, la llegada de más personas a vivir al estado han puesto una presión adicional a las finanzas públicas; lo mismo que la reducción de dos mil 500 millones de pesos anuales en las participaciones federales.
Así es que la apuesta es cobrarlo de la manera más eficiente posible, con kioskos electrónicos, una App y con el apoyo del Grupo Aeroportuario del Pacífico y los hoteleros.
Si el experimento funciona, no hay que descartar que otros estados se sumen a esta iniciativa; que tiene un componente de riesgo y que, además, debe ejecutarse con gran transparencia.
